El Jefe de Conservación

El 1 de julio de 1981, un técnico del Servicio de Parques Nacionales llamado Alexander Bonilla escribió al presidente Rodrigo Carazo Odio una carta de diez páginas. Bonilla había sido director del Parque Nacional Santa Rosa. Había sido director del Parque Nacional Volcán Poás. Ocupaba el cargo de jefe de conservación en ASCONA, la primera organización no gubernamental ambiental importante del país. Trabajaba para el gobierno de Carazo. Le escribía para pedirle al presidente que no hiciera algo que la administración estaba a punto de hacer.

Al día siguiente, 2 de julio, Carazo firmó el Decreto Ejecutivo Nº 12765-A, que retiraba cerca de siete mil hectáreas del Parque Nacional Palo Verde. La razón aducida fue la falta de fondos para expropiar las fincas que estaban dentro del parque. El decreto reducía un parque que su propia administración había creado el año anterior. Carazo respondió a la carta de Bonilla el 7 de agosto con su propia carta, de ocho páginas. Toda la correspondencia terminó en el expediente número 1090 del Servicio de Parques Nacionales, el archivo donde Bonilla depositaría la huella documental de la lucha.

Bonilla perdió en los tribunales. El recurso que ASCONA presentó contra el decreto fue congelado por el tribunal competente por "recargo de trabajo". Un juzgado inferior falló a favor de ASCONA con base en la Ley Forestal; la Corte Suprema revocó la sentencia en sede constitucional. La reducción de Carazo quedó firme. Pero la lucha produjo una ley. El 25 de agosto de 1982, la Asamblea Legislativa aprobó lo que sería la Ley Nº 6794, redactada por ASCONA. El Artículo 2 de esa ley dejó al Poder Ejecutivo estructuralmente impedido de volver a hacer lo que Carazo había hecho. Esa regla sigue viva en 2026, la protección legal fundamental de cada parque nacional y reserva biológica de Costa Rica. Es la regla a la que la carta de Bonilla empezó a dar forma.

Antes de la Ley

Costa Rica entró a la década de 1970 con sus bosques en retirada. La cobertura forestal había sido del setenta y cinco por ciento del territorio nacional en 1940; en 1961 era del cincuenta y tres por ciento; en 1983 caería al veintiséis. El país tenía una Ley Forestal (Ley 4465, noviembre de 1969) que creaba la Dirección General Forestal y el Departamento de Parques Nacionales, pero el sistema de áreas protegidas en sí solo existía a nivel de decreto ejecutivo. Lo que un presidente apartaba, un presidente podía recuperarlo.

La primera respuesta organizada llegó en abril de 1970, cuando Ricardo Quesada López-Calleja fundó el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (CDPN) con estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica. El CDPN encabezaría campañas a lo largo de la década: contra el casino en Isla del Caño, contra las muertes de cetáceos en Playa Tambor, contra la contaminación del Golfo de Nicoya, en defensa de Braulio Carrillo y, en 1974, contra la Ley 5500, la autorización legislativa de un oleoducto interoceánico que iba del Golfo Dulce a Limón cruzando la cordillera de Talamanca.

La Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (ASCONA) se fundó dos años después del CDPN, el 21 de setiembre de 1972, en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. La organización se inscribió originalmente como Asociación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (ACCN); las siglas mutarían después a ASCONA. Su lema fundacional, "desarrollo sin destrucción", sobreviviría a todas las demás transformaciones por las que pasaría la organización.

Quién fundó exactamente ASCONA es materia de disputa en el registro histórico. Sterling Evans, en su historia de la conservación costarricense de 1999, nombra a Alexander Bonilla como cofundador y primer presidente, basándose en entrevistas que Bonilla le concedió en San José en julio de 1996. Tres fuentes primarias costarricenses cuentan una historia distinta. Hilje (2017), apoyándose en Mata 2003, enumera un núcleo fundador integrado por Alfonso Mata, Sergio Salas, Adelaida Chaverri, Chris Vaughan, Guillermo Mata Ulloa y Freddy Pacheco León. La historia de las ONG ambientales de SINAC y JICA (2017) nombra a Alexander Skutch, Alfonso Mata, Guillermo Canessa y Adelaida Chaverri, "y otros jóvenes". La entrevista de Eduardo Mora a Noemy Canet en Ambientico (1993), secretaria de ASCONA y expresidenta de la asociación, atribuye la fundación "principalmente a estudiantes preocupados por el deterioro ambiental, y también a algunos profesores como Joseph Tosi y Alfonso Mata". Ninguna de las tres fuentes costarricenses incluye a Bonilla entre los fundadores. La reconciliación más sencilla es que se integró muy temprano, ascendió rápido a un papel de liderazgo y proyectó ese liderazgo hacia atrás en la entrevista que le concedió a Evans un cuarto de siglo después. Lo seguro es que para 1981 él era la cara pública de ASCONA.

Los objetivos fundacionales de ASCONA, tal como Canet los articuló más tarde a Mora, eran "contribuir al uso razonable de los recursos naturales de Costa Rica … procurando así un 'desarrollo sin destrucción,' y proteger y conservar la naturaleza y dentro de esta la biodiversidad". Instrucción educativa, legislación más completa y, en palabras de Canet, "una actitud vigilante, fiscalizadora y de denuncia". El CDPN y ASCONA juntos eran el movimiento ambiental del país en los años setenta, y compartían un mismo medio: estudiantes y docentes de la Escuela de Biología de la UCR y del Centro Científico Tropical, trabajando en defensa de un territorio que apenas comenzaban a cartografiar.

El Jefe de Conservación

La primera aparición pública de Bonilla en el registro es académica. En agosto de 1968, la UCR convocó su Primer Seminario Sobre los Estudios Generales en Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Bonilla presentó una ponencia titulada "Objetivos de los Estudios Generales", publicada al año siguiente. La Escuela de Estudios Generales era el colegio interdisciplinario por el que pasaban todos los estudiantes de pregrado de la UCR, establecido en 1957 por Rodrigo Facio, Enrique Macaya Lahmann, Abelardo Bonilla y José Joaquín Trejos Fernández. La ponencia de 1968 ubica al futuro jefe de ASCONA en los círculos de estudios generales de la UCR. Es un hilo biográfico delgado, pero es el que Bonilla dejó.

Lo que siguió está documentado a través de Evans y de las propias publicaciones de Bonilla. Bonilla ingresó al Servicio de Parques Nacionales como técnico. Fue director del Parque Nacional Santa Rosa. Fue director del Parque Nacional Volcán Poás. Pasó a la dirigencia de ASCONA sin dejar el Servicio de Parques. En 1981 su título en ASCONA era jefe de conservación; en 1983 la firma de su artículo en Tecnología en Marcha sobre la Zona Marítimo-Terrestre lo identificaba como "Jefe del Departamento Técnico" de ASCONA. A lo largo de los ochenta Evans lo llama director de conservación de ASCONA. La posición era inusual desde ambos lados. Bonilla estaba dentro del Estado, sujeto al mismo SPN cuyas decisiones ASCONA fiscalizaba. Estaba también dentro de la ONG, donde su trayectoria en SPN le daba, en frase de Evans, "la autoridad tanto del conocimiento de la ecología de Palo Verde como del funcionamiento interno del Servicio de Parques".

ASCONA creció rápidamente en esos años. Desde 1979, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional comenzó a canalizar apoyo que, según Canet, "les proveyó millones de colones". El recuento de Canet en 1993 cifraba la membresía en más de tres mil hacia el final de 1983, organizada en doce filiales. La historia de SINAC y JICA escrita un cuarto de siglo después da un pico de cinco mil militantes y doce filiales, y llama a ASCONA "quizá la mayor ONG conservacionista que haya existido en la historia de Costa Rica". En 1977, según Evans, ASCONA se asoció con la naciente Universidad Estatal a Distancia para lanzar el primer Programa de Educación Ambiental de nivel universitario del país, con Mario Boza como su primer director. En 1982 ASCONA coelaboró con el Centro Científico Tropical el Perfil Ambiental de Costa Rica para AID, un análisis que SINAC y JICA describirían más tarde como el delineamiento de "un nuevo escenario político e institucional para la conservación en Costa Rica". El Perfil y la pelea por la ratificación de los parques corrían en paralelo.

La Carta y la Ley

El Parque Nacional Palo Verde fue creado el 30 de mayo de 1980 mediante el Decreto Ejecutivo Nº 11541-A de Carazo. Cerca de catorce meses después, el 2 de julio de 1981, Carazo firmó el Decreto Ejecutivo Nº 12765-A, retirando diecisiete mil trescientos acres, unas siete mil hectáreas, del parque. La reducción se justificaba por el costo de expropiar las fincas que estaban adentro. Algunos relatos dan una cifra menor de cinco mil acres; la propia documentación de Bonilla, preservada en su libro de 1985 La situación ambiental de Costa Rica, fija la cifra correcta en diecisiete mil trescientos acres.

La carta de Bonilla salió el día anterior a la firma del decreto. La respuesta de Carazo, de ocho páginas, llevaba fecha del 7 de agosto. El entonces presidente de ASCONA, Oscar Hutt, declaró a la prensa que la administración estaba "tratando de eliminar sistemáticamente, de una u otra forma, casi todo el sistema de reservas y parques nacionales de Costa Rica". La afirmación era hiperbólica. La misma administración había creado Palo Verde catorce meses antes y, seis meses después, decretaría el Parque Internacional La Amistad, el parque individual más grande en la historia del país; al final del mandato de Carazo el sistema de parques nacionales se había aproximadamente duplicado. El decreto en cuestión reducía un parque, no el sistema. La retórica, sin embargo, encontró su público. El 28 de julio, estudiantes de las escuelas de biología de la UCR y la UNA se manifestaron frente a la Casa Presidencial. Ese mismo día convocaron una mesa redonda con Mario Boza y Alexander Bonilla para planear las siguientes acciones. El director del SPN, Álvaro Ugalde, escribió a Bonilla el 3 de febrero de 1982, en una carta que Bonilla luego reprodujo en Situación ambiental.

ASCONA interpuso un recurso contra el decreto. El tribunal competente no resolvió. En un estudio de 1992 publicado en Mappemonde, los geógrafos suizos Bertrand Lévy, Rafael Matos y Mario Rodriguez confirmaron que la causa había quedado congelada por "surcharge de travail", recargo de trabajo. Un juzgado inferior falló a favor de ASCONA con base en la Ley Forestal y la Ley de Parques Nacionales; la Corte Suprema revocó la sentencia en sede constitucional. Evans reunió la documentación a partir del expediente 1090 del SPN, incluyendo la carta de Bonilla del 1 de julio de 1981, la respuesta de Carazo del 7 de agosto, copia del Decreto Ejecutivo 12765-A y el poema de protesta anónimo titulado "Réquiem por un parque". Las actas judiciales, la lista de propietarios y el texto completo de la futura Ley de Ratificación quedaron en Situación ambiental de Bonilla, entre las páginas 148 y 160. Como escribió Bonilla allí, Palo Verde era "un parque nacional protegido por la opinión pública".

El camino legislativo se abrió donde el camino judicial se cerró. ASCONA redactó lo que sería la Ley Nº 6794, Ley de Creación de Parques Nacionales y Reservas Biológicas. La Asamblea Legislativa la aprobó el 25 de agosto de 1982, en los primeros meses de la administración de Luis Alberto Monge. La ley ratificó, como leyes de la República, todos los parques nacionales y reservas biológicas creados hasta entonces por decreto ejecutivo, incluido Palo Verde en los límites fijados por el Decreto 12765-A. La pelea judicial había fracasado; la pelea en la Asamblea produjo algo más duradero. El diputado Hubert Rojas Araya había liderado la oposición legislativa. "Yo no estoy realmente en contra de ASCONA", le dijo a la cámara, "pero ASCONA quiere convertir a Costa Rica en un gran parque nacional".

El Artículo 2 de la Ley 6794 cierra con una sola oración: "En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá excluir, de un parque nacional o una reserva biológica, terreno alguno comprendido dentro de los límites señalados en el decreto ejecutivo que lo establezca". El Poder Ejecutivo no puede recuperar lo que el Poder Ejecutivo ha apartado. Esta es la regla que los abogados ambientales costarricenses llaman hoy irreductibilidad de las áreas silvestres protegidas. Para parques nacionales y reservas biológicas, el Artículo 2 de la Ley 6794 fue la primera expresión estatutaria de la doctrina; en 1995, el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente la generalizó a todas las categorías de áreas protegidas. El Artículo 38 es la referencia normativa más amplia hoy. El Artículo 2 de la Ley 6794 sigue siendo la regla operativa para parques y reservas biológicas, y es la que los casos actuales citan cuando se defienden los límites de los parques.

El Oleoducto y los Infiltradores

La pelea por Palo Verde era la segunda vez que ASCONA había resistido la misma idea. En 1974, la Asamblea aprobó la Ley 5500, autorizando un oleoducto interoceánico desde el Golfo Dulce, atravesando la cordillera de Talamanca, hasta la costa caribeña en Cahuita. ASCONA y el CDPN organizaron una campaña pública, con manifestaciones callejeras y campos pagados en la prensa, hasta que la Asamblea derogó la ley. La historia socio-política del movimiento publicada por Hannia Franceschi en 2002 enmarca la campaña de 1974 como el momento en que el ambientalismo costarricense aprendió a usar de manera coordinada la prensa, los tribunales y la Asamblea.

El oleoducto regresó en 1983, bajo la administración Monge. ASCONA ayudó a conformar el Comité Nacional Contra el Oleoducto y montó una campaña de prensa de alcance nacional. Bonilla escribió Un oleoducto en Costa Rica: Todo lo que debe saber pero no se ha dicho, publicado por la propia ASCONA en 1983. Dirigió una carta al diputado Hernán Garrón, presidente de la comisión legislativa que conocía el tema, el 25 de mayo de 1983; la carta se conserva en los archivos de la Asamblea, expediente 9600. Bonilla escribió que la oposición de ASCONA no era "romántica, antipatriótica ni mucho menos de la extrema izquierda que algunos sectores del gobierno han venido sugiriendo". La campaña tuvo éxito. La campaña también rompió a ASCONA.

AID cortó el financiamiento. Evans da la razón en términos llanos: "Los fondos de AID a ASCONA fueron cortados durante la controversia del oleoducto porque el gobierno de Estados Unidos apoyaba la construcción del ducto".

El daño más profundo vino de adentro. Según Canet, en 1982 y 1983 una facción de miembros y personal de ASCONA, "movilizados por intereses personales y partidistas", intentó impedir que la organización se pronunciara contra el oleoducto. Cuando fracasaron y fueron expulsados, iniciaron procesos legales para que ASCONA fuera declarada ilegal, explotando errores procesales en las actas fundacionales de 1972. Lo lograron en 1985. La personería jurídica de ASCONA fue revocada; recibir donaciones se hizo imposible; la organización quedó paralizada. En junio de 1987 la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia de disolución. ASCONA empezó a emerger de lo que Canet llamó "su larga postración" apenas en 1988. Para entonces el pico de cinco mil militantes y doce filiales había desaparecido. Solo la filial de Naranjo sobrevivía; la membresía total había caído a unos trescientos. Bonilla, que ya había dejado ASCONA cuando Evans lo entrevistó, resumió la situación: "No tiene poder; el oleoducto la arruinó".

La historia de SINAC y JICA de 2017 registra que ASCONA encabezó campañas entre 1982 y 1986 contra el Canal Seco en el norte del país, el Oleoducto Golfito-Limón y la Carretera Trans-Talamanca. "La intensidad de estas luchas", escriben las agencias, "fue desgastando la militancia de ASCONA". En 1987, casi de inmediato después de que la nueva administración de Óscar Arias creara el MIRENEM y nombrara a Álvaro Umaña como primer Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, ASCONA fue una de las más de cien organizaciones convocadas para diseñar ECODES, la Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible. La estrategia sería la base de la participación de Costa Rica en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Brasil. ASCONA estaba en la mesa de diseño, pero ya no era la organización que había redactado la Ley 6794.

El Crítico

En 1984, mientras la crisis interna de ASCONA se gestaba, Bonilla ayudó a fundar el Partido Ecologista Costarricense (PEC). Fungió como su primer presidente. Evans llama al PEC "uno de los pocos 'partidos verdes' de Centroamérica", inspirado en los verdes europeos. Su plataforma combinaba preocupaciones ambientales con reforma agraria y principios de no violencia, incluyendo adhesión a la tradición de neutralidad armada permanente de Costa Rica. Bonilla escribió que el PEC nacía "como una nueva alternativa frente a los partidos políticos tradicionales, cuya desinformación ambiental, desconocimiento de las interrelaciones ecológicas de una sociedad y adhesión a una hegemonía económica ancestral se han transformado en los principios económicos depredadores de la estructura económica, social y política de Costa Rica". Su lectura de lo que separaba al PEC de los movimientos ambientales del resto de la región era todavía más afilada: "el problema de muchos grupos ecologistas en Centroamérica es que no logran enfrentar los problemas políticos y económicos como parte de los problemas ambientales".

El PEC no rompió electoralmente. Evans registra que el partido "padeció problemas financieros" y cita un estudio coetáneo que concluyó que el PEC "no había traído consigo la fortificación del movimiento ecologista" en Costa Rica. El 21 de noviembre de 1992, el PEC se fusionó en Fuerza Democrática junto con el Partido del Progreso, el Partido Humanista y Pueblo Unido. El poeta y catedrático Isaac Felipe Azofeifa asumió la primera presidencia del nuevo partido. Fuerza Democrática se convirtió brevemente en el tercer partido del país, eligiendo dos diputados para la legislatura 1994-1998 y tres para 1998-2002. No obtuvo escaños después de 2002 y se disolvió formalmente el 18 de marzo de 2010.

La escritura de Bonilla en esos mismos años extendió el marco del PEC a un análisis regional. Entre 1987 y 1988 publicó cuatro artículos en la revista Relaciones Internacionales de la UNA: sobre la situación ambiental de América Central (1987), sobre los tratados internacionales que los países centroamericanos debían suscribir (1988), sobre el desarme (1988) y sobre la dependencia tecnológica derivada de la revolución verde en materia de plaguicidas (1988). Su libro de 1988 Crisis ecológica de América Central, publicado por Ediciones Guayacán, reunió el mismo arco en un solo volumen. Trataba el ambiente, la paz y la integración regional como un mismo conjunto de problemas. Llamaba a la naturaleza "un recurso de capital insustituible para Costa Rica" y argumentaba que el desarrollo sostenible exigía tratar la sociedad, la economía y la ecología como tres vértices de un mismo triángulo.

Para mediados de los años noventa, trabajando como consultor ambiental privado, Bonilla le ofreció a Evans su esquema implacable de cuatro categorías para las ONG ambientales costarricenses. Estaban, dijo, quienes "creen verdaderamente en la conservación" y trabajan con un "espíritu ambiental", a quienes llamó "los comerciantes de la conservación, el ambiente es su negocio". Estaban los conservacionistas postcomunistas con "ideologías fracasadas" que trabajaban para capturar recursos financieros internacionales o defender grupos indígenas, pero cuyos estilos de vida no habían cambiado; en palabras de Bonilla, "todavía quieren manejar un Mercedes Benz". Estaban las ONG del statu quo, que apoyaban al gobierno, conseguían fondos para proyectos y hacían "la parte fácil, la parte bonita". En la tesis doctoral de Evans de 1997, Bonilla nombró a las dos organizaciones que ubicaba en esta tercera categoría: la Fundación de Parques Nacionales y la Fundación Neotrópica. Evans suavizó el pasaje en el libro de 1999, quitando los nombres. La cuarta categoría era la rama de investigación, los consultores y biólogos cuyos trabajos sustentaban política pública sin que ellos fueran los activistas que la impulsaban.

Es un esquema incómodo. Bonilla lo usó sobre un movimiento del que había sido voz fundadora. Dos de las tres Fundaciones que ubicó en la categoría del statu quo habían sido levantadas por Mario Boza y Álvaro Ugalde, sus colaboradores en la mesa redonda de Palo Verde de 1981. Cualquiera sea la lectura justa de la equidad del esquema, el esquema es el trabajo de un activista mayor diagnosticando lo que se había ganado y lo que se había perdido desde que el país firmó la Ley 6794.

Lo que la Carta Inició

ASCONA desapareció oficialmente como organización nacional en 1996 "tras disputas internas entre sus miembros", en la frase de SINAC y JICA, "dejando como legado a decenas de profesionales que más tarde destacarían en nuevas ONG e incluso en nuevos gobiernos". Hacia 2006, una organización comunitaria en Puerto Jiménez de Golfito, en la Península de Osa, retomó el nombre ASCONA y se autodenominó la sucesora histórica. Su nombre completo conserva el compromiso original de 1972: Asociación de Servicio Comunitario Nacional Ambiental para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad. Su lema sigue siendo "desarrollo sin destrucción". Administra la Biblioteca Pública de Puerto Jiménez y el Programa Integral de Cultura y Arte, el primer programa de cultura y arte del sur del país. El dominio original www.asconacr.org fue secuestrado y, en 2026, aloja un sitio de educación STEM en tailandés.

La carta que Bonilla escribió el 2 de julio de 1981 no ganó en los tribunales. El recurso nunca avanzó. La Corte Suprema falló contra ASCONA por razones constitucionales. La reducción de Carazo se mantuvo entonces y se mantiene hoy. Pero la lucha puso en marcha la redacción de la Ley 6794, cuyo Artículo 2 dejó al Poder Ejecutivo estructuralmente impedido de volver a hacer lo que Carazo había hecho. Una carta de un técnico del Servicio de Parques no produjo, por sí sola, el Artículo 2; ASCONA redactó la ley, con colaboradores dentro y fuera de la Asamblea, contra la oposición sostenida de quienes veían el sistema de parques como una toma excesiva. El Artículo 2 es lo que la carta empezó a darle forma. La regla sigue vigente en 2026. Es la regla que los casos ambientales costarricenses actuales todavía citan cuando se cuestionan intentos de reducir áreas protegidas. Si Bonilla está vivo para leer esos escritos no se sabe; no nos consta ningún registro reciente suyo (y por favor contáctenos si sabe lo contrario, ¡para que podamos actualizar esto!). La regla que él ayudó a poner en marcha está leyendo al país en su lugar.