The Limits of Private Property Los límites de la propiedad privada

On 14 January 2009, seven magistrates of the Sala Constitucional in San José sit to decide the recurso de amparo against the Coco-Ocotal aqueduct expansion in Guanacaste. SETENA had approved the project. The aqueduct draws from the Sardinal aquifer in a region where local wells were running dry and where no hydrogeological study had ever been completed. Ana Virginia Calzada presides ad interim over a panel of seven. Two magistradas suplentes complete it: Rosa María Abdelnour and Roxana Salazar Cambronero. Salazar drafts the opinion. El 14 de enero de 2009, siete magistrados de la Sala Constitucional, en San José, se reúnen a resolver el recurso de amparo contra la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal en Guanacaste. SETENA había aprobado el proyecto. El acueducto extrae agua del Acuífero Sardinal, en una región donde los pozos comunitarios se estaban secando y donde aún no se había hecho un estudio hidrogeológico completo. Ana Virginia Calzada preside ad interim un panel de siete. Dos magistradas suplentes lo completan: Rosa María Abdelnour y Roxana Salazar Cambronero. Salazar redacta el voto.

The panel votes con lugar. They annul SETENA's environmental viability. They order SENARA to complete a hydrogeological study within six months. They invoke the principio precautorio to order the closure of illegal wells. They direct AyA to provide the Sardinal community with information and a path to citizen participation. And they write a sentence that becomes operational doctrine in Costa Rican water law: in cases of uncertainty about water resources, the community's priority of access prevails over patrimonial, commercial, and tourism interests. El panel vota con lugar. Anulan la viabilidad ambiental de SETENA. Ordenan a SENARA completar un estudio hidrogeológico en un plazo de seis meses. Invocan el principio precautorio para ordenar el cierre de pozos ilegales. Disponen que AyA brinde a la comunidad de Sardinal información y un cauce de participación ciudadana. Y redactan una oración que pasa a ser doctrina operativa del derecho de aguas en Costa Rica: en casos de incertidumbre sobre los recursos hídricos, la prioridad de acceso de la comunidad prevalece sobre los intereses patrimoniales, comerciales y turísticos.

Salazar is sitting as magistrada suplente. The Sala Constitucional has seven titulares; she is one of the rotating alternates called when one of those seven cannot sit. She has been in that role since 2005. The doctrinal framework that makes this ruling possible (Article 50 of the Constitution read in correlation with Article 89, the right to a healthy environment as a third-generation human right, the constitutional foundation for limiting private property in the name of conservation) is doctrine she had spent twenty years writing into existence, mostly in books printed through a small NGO press in San José. Salazar está sentada como magistrada suplente. La Sala Constitucional tiene siete titulares; ella es una de las suplentes rotativas a las que se llama cuando uno de esos siete no puede sentarse. Ocupa ese rol desde 2005. El marco doctrinal que hace posible este fallo (el artículo 50 de la Constitución leído en correlación con el artículo 89, el derecho a un ambiente sano como derecho humano de tercera generación, el fundamento constitucional para limitar la propiedad privada en aras de la conservación) es una doctrina que ella había pasado veinte años haciendo existir, en buena parte en libros impresos por una pequeña editorial de ONG en San José.

How she came to draft that ruling is the story of an architecture built quietly across two decades. Cómo llegó a redactar ese voto es la historia de una arquitectura construida en silencio a lo largo de dos décadas.

The Limits of Private Property Los límites de la propiedad privada

In 1989 two NGOs were constituted in Costa Rica that, in Sterling Evans's words, were "formed to concentrate on legal aspects of environmental problems": CEDARENA (the Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales) and Fundación Ambio. Ambio's director from founding day was Roxana Salazar Cambronero, then thirteen years out of her Licenciatura en Derecho at the Universidad de Costa Rica (1976) and three years out of a master's at Cornell in environmental policy and natural-resources management (1986). Her first book, Nociones sobre la legislación de la salud en Costa Rica, co-written with Isabel María Zúñiga Gómez, came out the same year through EUNED. En 1989 se constituyeron en Costa Rica dos ONG que, en palabras de Sterling Evans, se "formaron para concentrarse en los aspectos jurídicos de los problemas ambientales": CEDARENA (Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales) y Fundación Ambio. La directora de Ambio desde el día de su fundación fue Roxana Salazar Cambronero, entonces a trece años de su Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica (1976) y a tres años de la maestría en Cornell en políticas y legislación ambiental con énfasis en manejo de recursos naturales (1986). Su primer libro, Nociones sobre la legislación de la salud en Costa Rica, escrito con Isabel María Zúñiga Gómez, salió ese mismo año por EUNED.

A year later, in 1990, the Sala Constitucional handed down a ruling that would shape every environmental law passed in Costa Rica for the next thirty years. The Asamblea Legislativa had reformed the Ley Forestal in 1986, giving the Dirección General Forestal real authority over private forested land. The logging industry and landowners challenged the reform. The Sala annulled it on a procedural ground that turned on the Constitution's distinction between ordinary law and law that "limits private property": the latter required a two-thirds supermajority of the Asamblea. The 1986 reform had passed with 37 votes. The Constitution required 38. The 1969 predecessor law was reincarnated; agencies were stripped of the authority they had just been given. Un año después, en 1990, la Sala Constitucional dictó una resolución que daría forma a cada ley ambiental aprobada en Costa Rica durante los siguientes treinta años. La Asamblea Legislativa había reformado la Ley Forestal en 1986, dándole a la Dirección General Forestal autoridad real sobre tierras forestales privadas. La industria maderera y los propietarios la impugnaron. La Sala la anuló por un fundamento procesal que giraba alrededor de la distinción constitucional entre la ley ordinaria y la ley que "limita la propiedad privada": esta última requería una mayoría calificada de dos tercios de la Asamblea. La reforma de 1986 había sido aprobada con 37 votos. La Constitución exigía 38. La ley predecesora de 1969 quedó reincorporada; las agencias fueron despojadas de la autoridad que apenas se les acababa de conceder.

Salazar wrote the canonical interpretation. On page 163 of her 1991 Legislación y ecología en Costa Rica, published through Editorial Libro Libre, she explained why the ruling, superficially a defeat for conservation, was in her reading a doctrinal affirmation. The Sala had not held that the state could not limit private property for environmental ends. It had held that doing so required the procedural seriousness of a supermajority. The bar to limit private property for conservation existed; the bar was high. Sterling Evans, writing his conservation history of Costa Rica a few years later, cited that page directly and added an unusually candid footnote thanking Salazar and Leonel Núñez, director of the Archives of the Legislative Assembly, for explaining the matter to him. Salazar escribió la interpretación canónica. En la página 163 de su Legislación y ecología en Costa Rica de 1991, publicada por Editorial Libro Libre, explicó por qué la resolución, superficialmente una derrota para la conservación, era en su lectura una afirmación doctrinaria. La Sala no había sostenido que el Estado no podía limitar la propiedad privada para fines ambientales. Había sostenido que hacerlo exigía la seriedad procesal de una mayoría calificada. El límite a la propiedad privada para fines de conservación existía; el umbral era alto. Sterling Evans, al escribir años después su historia de la conservación en Costa Rica, citó esa página directamente y añadió una nota al pie de una franqueza inusual, agradeciéndole a Salazar y a Leonel Núñez, director de los Archivos de la Asamblea Legislativa, por explicarle el asunto.

The contrast with Luis Fournier sharpens the picture. Fournier, the UCR biologist who had served on the original 1960s forestry-law committee, told Evans the ruling was based "more on the letter of the law than on the spirit in which it was made." His view was that the Sala had bound the legislature to a procedural technicality that defeated the policy intent. Salazar's view was the opposite. The procedural technicality was the doctrinal point. The constitutional protection of private property functioned as a discipline imposed on conservation policy: legislatures would have to do harder, slower, more deliberate work to limit it. El contraste con Luis Fournier afila el cuadro. Fournier, el biólogo de la UCR que había integrado el comité original de la ley forestal en los años sesenta, le dijo a Evans que la resolución se basaba "más en la letra de la ley que en el espíritu con el que fue hecha". Para él, la Sala había atado a la legislatura a un tecnicismo procesal que frustraba la intención política. Para Salazar era lo opuesto. El tecnicismo procesal era el fondo doctrinal. La protección constitucional de la propiedad privada funcionaba como una disciplina impuesta sobre la política de conservación: las asambleas legislativas tendrían que hacer un trabajo más duro, más lento y más deliberado para limitarla.

This was the question Fundación Ambio's first decade was built around. Pesticide abuse in the banana industry, where, by Evans's account, Ambio was "especially attentive." Hazardous-waste regulation. Solid-waste management law. Voluntary certification schemes that could substitute for regulatory teeth where the supermajority bar made those teeth politically unreachable. The most visible product of that period was the ECO-O.K. Banana Project, which Ambio co-led with the Rainforest Alliance from roughly 1992 to 1994. Plantations meeting the code of conduct, with restrictions on rainforest clearing, greenways along roads and rivers, pesticide protocols, and waste management, earned an ECO-O.K. seal applied directly to certified bananas. Evans observed that Chiquita was "especially vigorous" in investing in changes to meet the standards. Esta fue la pregunta alrededor de la cual se construyó la primera década de Fundación Ambio. El abuso de plaguicidas en la actividad bananera, donde, según Evans, Ambio era "especialmente atenta". La regulación de residuos peligrosos. La ley integral de manejo de desechos sólidos. Esquemas de certificación voluntaria que podían sustituir los dientes regulatorios donde el umbral de los dos tercios los volvía políticamente inalcanzables. El producto más visible de ese período fue el Proyecto Banano ECO-O.K., que Ambio co-condujo con Rainforest Alliance entre 1992 y 1994 aproximadamente. Las fincas que cumplían con el código de conducta, con restricciones sobre tala de bosque, franjas verdes a la orilla de caminos y ríos, protocolos de plaguicidas y manejo de desechos, obtenían un sello ECO-O.K. aplicado directamente a los bananos certificados. Evans anotó que Chiquita fue "especialmente enérgica" en invertir en cambios para cumplir los estándares.

The institutional connections from this period are worth recording. Fundación Ambio was a founding member of FECON, the Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, which Evans describes as bringing together nineteen member organizations to coordinate the Costa Rican environmental movement. Ambio's international affiliation was with what Evans calls the Canadian Association of Environmental Attorneys, now known as the Canadian Environmental Law Association. The choice of affiliation says something about Ambio's orientation toward practical legal advocacy. Las conexiones institucionales de este período merecen registrarse. Fundación Ambio fue miembro fundador de FECON, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, que Evans describe como una articulación de diecinueve organizaciones miembros para coordinar el movimiento ambiental costarricense. La afiliación internacional de Ambio era con lo que Evans llama la Canadian Association of Environmental Attorneys, hoy conocida como Canadian Environmental Law Association. La elección de afiliación dice algo sobre la orientación de Ambio hacia la incidencia jurídica práctica.

Editorial Fundación Ambio Editorial Fundación Ambio

Salazar's bibliography functioned, by sheer volume, as the practitioner-side reference library for Costa Rican environmental law in the 1990s and 2000s. Thirty-six books in twenty years, 1989 to 2008. Most published through her own press, the Editorial Fundación Ambio Colección Ambiente y Derecho. Most now out of print, available only in libraries and as worn copies on used-book shelves in San José. La bibliografía de Salazar funcionó, por puro volumen, como la biblioteca de referencia del lado práctico del derecho ambiental costarricense en los años noventa y dos mil. Treinta y seis libros en veinte años, de 1989 a 2008. La mayoría publicados por su propia editorial, la Editorial Fundación Ambio Colección Ambiente y Derecho. La mayoría hoy descatalogados, disponibles solo en bibliotecas y en copias gastadas en las estanterías de libros usados de San José.

The titles that came to function as canonical references emerged in the first half of the 1990s. Legislación y ecología en Costa Rica (Libro Libre, 1991), the work Evans's footnotes return to again and again, covering forestry constitutional doctrine, water law, ZMT coastal regulation, private nature reserves, tourism regulation, and environmental education. El derecho a un ambiente sano (Libro Libre, 1993), the book that established the Article 50 doctrinal frame in a way that judges and lawyers could pick up and cite. Actividad bananera en Costa Rica: Análisis legal e institucional (Fundación Ambio, 1993), the foundational legal-institutional text on banana-industry environmental regulation, written during the period when the chemical-poisoning lawsuits against Standard Fruit and Chiquita were becoming an international story. Manual de derechos humanos y ambiente (Fundación Ambio, 1994; expanded edition 1995), the move that connected environmental rights to the broader human-rights frame. Los títulos que llegaron a funcionar como referencias canónicas emergieron en la primera mitad de los noventa. Legislación y ecología en Costa Rica (Libro Libre, 1991), la obra a la que las notas al pie de Evans vuelven una y otra vez, que cubre la doctrina constitucional forestal, el derecho de aguas, la regulación de la zona marítimo terrestre, las reservas naturales privadas, la regulación turística y la educación ambiental. El derecho a un ambiente sano (Libro Libre, 1993), el libro que estableció el marco doctrinal del artículo 50 en una forma que jueces y abogados podían tomar y citar. Actividad bananera en Costa Rica: Análisis legal e institucional (Fundación Ambio, 1993), el texto legal-institucional fundacional sobre la regulación ambiental de la industria bananera, escrito durante el período en que los juicios por envenenamiento químico contra Standard Fruit y Chiquita se volvían noticia internacional. Manual de derechos humanos y ambiente (Fundación Ambio, 1994; segunda edición ampliada en 1995), el movimiento que conectó los derechos ambientales con el marco más amplio de los derechos humanos.

In 1995 Salazar co-edited Biodiversidad: Políticas y legislación a la luz del desarrollo sostenible with Jorge A. Cabrera-Medaglia and Álvaro López Mora. The volume is doctrinally important not for its content alone (by the time it appeared, biodiversity legislation in Costa Rica was already converging on what would become Ley 7788 in 1998) but because of who Cabrera-Medaglia became. He went on to lead Costa Rica's biodiversity-law work for the next thirty years: a principal scholar on Ley 7788, a Convention on Biological Diversity negotiator, and the figure most often cited today on access and benefit-sharing under the CBD and its Nagoya Protocol. In 1995 he was at the beginning of his career. Salazar co-edited that volume with him. The relationship is the clearest documented link between her work and the next generation. En 1995 Salazar coeditó Biodiversidad: Políticas y legislación a la luz del desarrollo sostenible con Jorge A. Cabrera-Medaglia y Álvaro López Mora. El volumen es doctrinalmente importante no solo por su contenido (cuando apareció, la legislación de biodiversidad en Costa Rica ya convergía hacia lo que sería la Ley 7788 de 1998), sino por la trayectoria que tomaría Cabrera-Medaglia. Él pasó a liderar el trabajo de derecho de la biodiversidad en Costa Rica durante los siguientes treinta años: principal académico sobre la Ley 7788, negociador del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la figura hoy más citada sobre acceso y reparto de beneficios bajo el Convenio y su Protocolo de Nagoya. En 1995 él estaba al inicio de su carrera. Salazar coeditó ese volumen con él. Es el vínculo documentado más claro entre su trabajo y la generación siguiente.

The reach extended into English-language scholarship. In 2004 she contributed Chapter 22, "Environmental Law of Costa Rica: Development and Enforcement," to Gordon Frankie, Alfonso Mata, and S. Bradleigh Vinson's Biodiversity Conservation in Costa Rica: Learning the Lessons in a Seasonal Dry Forest, published by University of California Press. The chapter presents the legal framework for biodiversity protection in Costa Rica through the Organic Environmental Law, Forestry Law, Biodiversity Law, Wildlife Protection Law, and Water Law. It was her most widely-read piece in English. El alcance se extendió a la academia en inglés. En 2004 contribuyó con el Capítulo 22, "Environmental Law of Costa Rica: Development and Enforcement", al volumen de Gordon Frankie, Alfonso Mata y S. Bradleigh Vinson, Biodiversity Conservation in Costa Rica: Learning the Lessons in a Seasonal Dry Forest, publicado por University of California Press. El capítulo presenta el marco legal de protección de la biodiversidad en Costa Rica a través de la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Forestal, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley de Aguas. Fue su pieza más leída en inglés.

The 2001 Código ambiental internacional, co-written with Ricardo Zeledón Z. and published through Editorial Porvenir, was the closest she came to a desk-reference compendium: 382 pages compiling Costa Rica's environmental code in relation to its international obligations. UNEP took her on in 1996 to write La responsabilidad por el daño ambiental as Document No. 5 of its Serie Documentos sobre Derecho Ambiental. The International Centre for Trade and Sustainable Development and United Nations University commissioned her in 1999 for the Central American perspective on trade and environment. El Código ambiental internacional de 2001, escrito con Ricardo Zeledón Z. y publicado por Editorial Porvenir, fue lo más cercano a un compendio de escritorio: 382 páginas que compilan el código ambiental de Costa Rica en relación con sus obligaciones internacionales. El PNUMA la contrató en 1996 para escribir La responsabilidad por el daño ambiental como Documento Nº 5 de su Serie Documentos sobre Derecho Ambiental. El Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible y la Universidad de las Naciones Unidas la comisionaron en 1999 para la perspectiva centroamericana sobre comercio y ambiente.

Her academic-journal track ran in parallel. Ten articles in Revista Judicial of the Corte Suprema de Justicia between 1987 and 1994 on water conservation, pesticides, environmental standing, marine pollution, the ZMT, and soil and forest resources. An article in Revista de Ciencias Jurídicas UCR in 1990 on water-conservation legislation. An article in Revista de Ciencias Ambientales UNA in 1999 with Max Valverde on biotechnology and biosafety law, published as Ley 7788 was being implemented. Seven essays in Ambientico between 2000 and 2011. Her CV lists a co-authorship on world agriculture and soil erosion in BioScience in April 1987, her earliest international peer-reviewed publication on record, the year after Cornell. A 1996 contribution to the Journal of Ethnopharmacology on intellectual-property rights and the Convention on Biological Diversity in Costa Rica. Su producción en revistas académicas corrió en paralelo. Diez artículos en la Revista Judicial de la Corte Suprema de Justicia entre 1987 y 1994, sobre conservación de aguas, plaguicidas, legitimación ambiental, contaminación marina, zona marítimo terrestre, suelos y bosques. Un artículo en la Revista de Ciencias Jurídicas de la UCR en 1990 sobre legislación de conservación de aguas. Un artículo en la Revista de Ciencias Ambientales de la UNA en 1999 con Max Valverde sobre biotecnología, bioseguridad y legislación, publicado mientras la Ley 7788 entraba en implementación. Siete ensayos en Ambientico entre 2000 y 2011. Su currículum registra una coautoría sobre agricultura mundial y erosión de suelos en BioScience en abril de 1987, su primera publicación internacional revisada por pares conocida, el año siguiente a Cornell. Una contribución de 1996 al Journal of Ethnopharmacology sobre derechos de propiedad intelectual y el Convenio sobre la Diversidad Biológica en Costa Rica.

By the time she reached the bench in 2005, she had written more on Costa Rican environmental law than any other practicing attorney in the country. Para cuando llegó al estrado en 2005, había escrito más sobre derecho ambiental costarricense que cualquier otra abogada o abogado en ejercicio del país.

This is what doctrinal foundation looks like when the writer does not have a university chair to write from. It happens in NGO presses, accumulates in libraries, and enters the working language of a legal culture even when it never reaches the footnotes. Así se ve un fundamento doctrinal cuando quien escribe no cuenta con una cátedra universitaria desde la cual hacerlo. Ocurre en editoriales de ONG, se acumula en bibliotecas y entra en el lenguaje de trabajo de una cultura jurídica aun cuando nunca llegue a las notas al pie.

The Frame El marco

Her doctrine is consolidated, by 2008, into two short essays. The 2008 essay in Ambientico No. 181, "Derechos humanos y ambiente en Costa Rica," and the 2011 essay in Ambientico No. 210, "Seguridad jurídica, derecho ambiental, inversión y Crucitas." Together they are the most compressed statement of the architecture she had spent twenty years building. Su doctrina queda consolidada, hacia 2008, en dos ensayos cortos. El de 2008 en Ambientico Nº 181, "Derechos humanos y ambiente en Costa Rica", y el de 2011 en Ambientico Nº 210, "Seguridad jurídica, derecho ambiental, inversión y Crucitas". Juntos son la versión más compacta de la arquitectura que había pasado veinte años construyendo.

The anchor is constitutional. Article 50 declares the right to a healthy and ecologically balanced environment. Article 89 declares the state's duty to preserve cultural patrimony and natural beauties. The Sala Constitucional's Voto 6240-93 read them together: the state duty in Article 89 implies the individual right in Article 50. From this reading flow several doctrinal moves that Salazar treats as one architecture. El ancla es constitucional. El artículo 50 declara el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 89 declara el deber del Estado de preservar el patrimonio cultural y las bellezas naturales. El Voto 6240-93 de la Sala Constitucional los leyó conjuntamente: el deber estatal del artículo 89 implica el derecho subjetivo del artículo 50. De esa lectura derivan varios movimientos doctrinales que Salazar trata como una sola arquitectura.

She places environmental rights in the third generation of human-rights doctrine, the so-called solidarity rights, alongside development, peace, self-determination, common heritage of humanity, and communication. "Los derechos humanos se han clasificado en tres generaciones... En estos derechos humanos de tercera generación encontramos el derecho al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a un ambiente sano." (Human rights have been classified into three generations... In these third-generation human rights we find the right to development, peace, self-determination of peoples, the common heritage of humanity, communication, and a healthy environment.) The classification matters because third-generation rights are collective rather than individual. They are rights the state has a duty to protect across populations, and they reframe environmental degradation as a violation of solidarity rather than a private grievance. Coloca los derechos ambientales en la tercera generación de la doctrina de los derechos humanos, los llamados derechos de solidaridad, junto al derecho al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad y a la comunicación. "Los derechos humanos se han clasificado en tres generaciones... En estos derechos humanos de tercera generación encontramos el derecho al desarrollo, a la paz, a la libre determinación de los pueblos, al patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a un ambiente sano." La clasificación importa porque los derechos de tercera generación son colectivos antes que individuales. Son derechos que el Estado tiene el deber de proteger a lo largo de la población, y replantean la degradación ambiental como una violación de la solidaridad en vez de un agravio privado.

From the third-generation frame she derives the doctrine of environmental discrimination. The right to equality before the law, she argues, is violated when pollution and environmental degradation fall disproportionately on certain population sectors. The Spanish-language formulation is exact: "está en el derecho de igualdad ante la ley, que es afectado por la manera desproporcionada en que ciertos sectores de la población soportan la carga ambiental, esto significa discriminación ambiental." (It is in the right of equality before the law, which is affected by the disproportionate way certain sectors of the population bear the environmental burden; this is what environmental discrimination means.) This is environmental-justice doctrine, recognizable to readers familiar with the U.S. or South African environmental-justice traditions, written into Costa Rican constitutional discourse in 2008. Desde el marco de tercera generación deriva la doctrina de la discriminación ambiental. El derecho a la igualdad ante la ley, argumenta, se viola cuando la contaminación y la degradación ambiental recaen de manera desproporcionada sobre ciertos sectores de la población. La formulación en español es exacta: "está en el derecho de igualdad ante la ley, que es afectado por la manera desproporcionada en que ciertos sectores de la población soportan la carga ambiental, esto significa discriminación ambiental." Es doctrina de justicia ambiental, reconocible para lectores familiarizados con las tradiciones estadounidense o sudafricana de justicia ambiental, inscrita en el discurso constitucional costarricense en 2008.

A second extension: the right to inviolability of the domicile, traditionally read narrowly as protection against state entry without warrant, she reads broadly. Citing Voto 2671-95, she argues the right extends to "inmisiones desmesuradas," external disturbances that cross the threshold of the home without the inhabitant's consent. Noise, smells, vibrations, chemical exposures. The doctrinal move extends spatial privacy rights into environmental conditions. Una segunda extensión: el derecho a la inviolabilidad del domicilio, leído tradicionalmente de manera estrecha como protección frente a la entrada estatal sin orden, ella lo lee de manera amplia. Citando el Voto 2671-95, sostiene que el derecho se extiende a "inmisiones desmesuradas", perturbaciones externas que cruzan el umbral del hogar sin el consentimiento de quien lo habita. Ruidos, olores, vibraciones, exposiciones químicas. El movimiento doctrinal lleva los derechos de privacidad espacial al terreno de las condiciones ambientales.

A third extension: state omission is a constitutional violation, not only state action. Citing Voto 6322-2003, the injury to the environmental right occurs "tanto por acción como por omisión." Allowing companies to operate without health permits. Failing to verify sonic controls in bars and discotheques. Looking the other way when wastewater treatment is absent. The state's failure to enforce existing law, she argues, is itself a violation of the right to a healthy environment. Doctrinally this matters because it shifts the burden. Enforcement is constitutionally required, and citizen denuncias of state omission are constitutionally cognizable. Una tercera extensión: la omisión estatal es una violación constitucional, no solo la acción estatal. Citando el Voto 6322-2003, la lesión al derecho ambiental se da "tanto por acción como por omisión". Permitir que empresas operen sin permisos sanitarios. No verificar los controles sónicos en bares y discotecas. Mirar hacia otro lado cuando falta tratamiento de aguas residuales. El incumplimiento estatal de la ley vigente es, en sí mismo, una violación del derecho a un ambiente sano. Doctrinalmente importa porque desplaza la carga. La aplicación de la ley es constitucionalmente exigible, y las denuncias ciudadanas por omisión estatal son constitucionalmente reconocibles.

A fourth extension reaches the private sector. Indirect corporate liability flows through direct state liability. "Una autorización administrativa a una empresa para funcionar es para ejercer una actividad en forma lícita, sin realizar un uso extensivo o abusivo del permiso otorgado y sin alterar o dañar la vida de los demás." (An administrative authorization for a company to operate is for the lawful exercise of an activity, without extensive or abusive use of the permit granted and without altering or harming the lives of others.) The state's responsibility for granting permits creates a chain of responsibility that runs through to the company that holds them. A permit is a conditional authorization. The state can revoke it when the conditions are not met, and the company holding the permit bears the consequences. Una cuarta extensión alcanza al sector privado. La responsabilidad indirecta de la empresa fluye por la responsabilidad directa del Estado. "Una autorización administrativa a una empresa para funcionar es para ejercer una actividad en forma lícita, sin realizar un uso extensivo o abusivo del permiso otorgado y sin alterar o dañar la vida de los demás." La responsabilidad del Estado al otorgar permisos crea una cadena de responsabilidad que llega hasta la empresa que los detenta. Un permiso es una autorización condicionada. El Estado puede revocarlo cuando las condiciones no se cumplen, y la empresa titular asume las consecuencias.

The architecture is held together by a closing principle that Salazar repeats in different formulations across her later writing. "Defender el derecho a un ambiente sano no es estar contra el desarrollo económico respetuoso de los derechos humanos de los individuos o las empresas, sino que es exigir que prevalezca la protección ante actividades económicas no sostenibles e incompatibles con la calidad de vida." (Defending the right to a healthy environment, she argues, means demanding that protection prevail over economic activities that are unsustainable and incompatible with quality of life. It accommodates economic development that respects the human rights of individuals and companies.) The test is sustainability and compatibility with quality of life. Economic use as such is permitted. La arquitectura se sostiene por un principio de cierre que Salazar repite en distintas formulaciones en sus escritos posteriores. "Defender el derecho a un ambiente sano no es estar contra el desarrollo económico respetuoso de los derechos humanos de los individuos o las empresas, sino que es exigir que prevalezca la protección ante actividades económicas no sostenibles e incompatibles con la calidad de vida." La prueba es la sostenibilidad y la compatibilidad con la calidad de vida. El uso económico como tal está permitido.

That is the doctrine the Sala IV uses today. Esa es la doctrina que la Sala IV usa hoy.

A Suplente on the Bench Una suplente en el estrado

In 2005 Salazar joined the Sala Constitucional as magistrada suplente. The role is structurally different from that of a propietaria. The seven propietarios sit on every case. The suplentes are called when one of the seven is recused, ill, traveling, or otherwise unable to sit. A suplente does not know in advance which cases she will sign. The body of work that emerges is shaped by the rotation rather than by a coherent jurisprudential program. Twelve years of intermittent panel service is a different kind of judicial career than twelve years on the propietaria bench, and it is harder to follow on the public record. The Sala's votos are signed by the panel that day, and the suplente's signature drops in and out. En 2005 Salazar se incorporó a la Sala Constitucional como magistrada suplente. El rol es estructuralmente distinto al de una propietaria. Las siete propietarias se sientan en todos los casos. Las suplentes son llamadas cuando una de las siete está recusada, enferma, de viaje o de otro modo impedida para sentarse. Una suplente no sabe de antemano qué casos firmará. El cuerpo de trabajo que se construye se moldea por la rotación, antes que por un programa jurisprudencial coherente. Doce años de panel intermitente son una carrera judicial distinta a doce años en el estrado propietario, y son más difíciles de seguir en el registro público. Los votos de la Sala los firma el panel del día, y la firma de la suplente entra y sale.

Voto 262-2009 of 14 January 2009 is the highest-profile ruling she drafted, the case that opens this article: the Sardinal aqueduct, the precautionary principle, and the operational sentence on community water priority over commercial use. The panel of seven, Salazar as redactora, found for the amparo on Articles 50 and 9 of the Constitution. El Voto 262-2009 del 14 de enero de 2009 es la resolución de mayor perfil que redactó, el caso que abre este artículo: el acueducto de Sardinal, el principio precautorio y la oración operativa sobre la prioridad del agua comunitaria sobre el uso comercial. El panel de siete, con Salazar como redactora, resolvió con lugar el amparo por violación a los artículos 50 y 9 de la Constitución.

Her docket was whatever the rotation handed her. She sat as ponente on a Hospital México labor amparo well outside her authored field, which the propietarios trusted her to draft anyway (Sentencia 2009-014776); she was redactora on a Liberia stormwater costs ruling (Resolución 15772-2010) and a signatory on a Caribbean coastal-development amparo over Marina Resort Moín (Voto 01476-2013). When her 2005 term came up for renewal in 2013, she reapplied. Su agenda era la que la rotación le entregaba. Fue ponente en un amparo laboral del Hospital México, muy fuera de su campo de autoría y que los propietarios le confiaron de todos modos (Sentencia 2009-014776); fue redactora en una resolución de costas por drenaje pluvial en Liberia (Resolución 15772-2010) y firmante en un amparo sobre un desarrollo costero caribeño de Marina Resort Moín (Voto 01476-2013). Cuando su nombramiento de 2005 llegó a renovación en 2013, volvió a postularse.

In 2011, while still a suplente, she published a piece that demonstrated her willingness to critique the body she sat on. The Crucitas open-pit gold-mining concession had become the major environmental litigation of the period. On 16 April 2010 the Sala IV had handed down Voto 6922-2010, rejecting the amparo against the concession. Eight months later, on 24 November 2010, the Tribunal Contencioso Administrativo read a verdict annulling the concession itself; the integral Sentencia 4399-2010 followed on 14 December 2010. The environmental movement celebrated the TCA ruling. Legal scholars read the Sala IV's reasoning as a major intervention in environmental jurisprudence. Salazar's intervention in Ambientico 210, in March 2011, was about the Sala IV's reasoning rather than the project's substance. She did not defend the project. She argued that the Sala had ruled on questions of legality, administrative-law questions about whether the permits had been properly issued, when its jurisdiction is constitutionally limited to questions of constitutionality. "En el caso Crucitas, la Sala Constitucional resolvió no solo cuestiones de constitucionalidad, sino también temas de legalidad, aunque no le corresponde." (In the Crucitas case, the Constitutional Chamber resolved not only constitutional questions but also questions of legality, although that is not within its purview.) Her diagnosis of where the failure actually lay was direct: "se cumplieron y aprobaron los permisos requeridos. ¿Qué falló? Las razones que motivaron a los funcionarios públicos a aprobar permisos, talvez con debilidades." (The required permits were complied with and approved. What failed? The reasons that motivated public officials to approve permits, perhaps with weaknesses.) The permits were complied with and approved. What failed was administrative judgment in SETENA and the line ministry. She located the failure in the executive branch. She was sitting on the Sala when she published this critique of the Sala. En 2011, todavía siendo suplente, publicó un texto que mostró su disposición a criticar al cuerpo en el que se sentaba. La concesión minera a cielo abierto de Crucitas se había convertido en la litigación ambiental más visible del período. El 16 de abril de 2010 la Sala IV había dictado el Voto 6922-2010, rechazando el amparo contra la concesión. Ocho meses después, el 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo leyó un por tanto que anulaba la concesión misma; la sentencia integral 4399-2010 se dictó el 14 de diciembre de 2010. El movimiento ambiental celebró el fallo del TCA. La academia jurídica leyó el razonamiento de la Sala IV como una intervención mayor en la jurisprudencia ambiental. La intervención de Salazar en Ambientico 210, en marzo de 2011, fue sobre el razonamiento de la Sala IV, no sobre el fondo del proyecto. No defendió el proyecto. Argumentó que la Sala había resuelto cuestiones de legalidad, cuestiones de derecho administrativo sobre si los permisos habían sido correctamente emitidos, cuando su jurisdicción está constitucionalmente limitada a cuestiones de constitucionalidad. "En el caso Crucitas, la Sala Constitucional resolvió no solo cuestiones de constitucionalidad, sino también temas de legalidad, aunque no le corresponde." Su diagnóstico de dónde estaba realmente la falla fue directo: "se cumplieron y aprobaron los permisos requeridos. ¿Qué falló? Las razones que motivaron a los funcionarios públicos a aprobar permisos, talvez con debilidades." Los permisos se cumplieron y se aprobaron. Lo que falló fue el juicio administrativo en SETENA y en el ministerio rector. Ubicó la falla en el Poder Ejecutivo. Estaba sentada en la Sala cuando publicó esta crítica a la Sala.

In December 2017 the Asamblea voted on a new round of suplentes. Salazar received three votes. Thirty-eight were required. She did not return to the bench. En diciembre de 2017 la Asamblea votó una nueva ronda de suplentes. Salazar recibió tres votos. Hacían falta treinta y ocho. No volvió al estrado.

The Other Front El otro frente

The conventional Costa Rican environmentalist of the 1990s focused on what could be conserved: parks, corridors, species. Salazar focused, in parallel, on what could rot. Institutions, processes, public information, electoral integrity. In 1996, the same year Sterling Evans interviewed her for The Green Republic, she became president of Transparencia Internacional Costa Rica. She held the role for a decade, through 2006. La ambientalista costarricense convencional de los años noventa se enfocaba en lo que se podía conservar: parques, corredores, especies. Salazar se enfocó, en paralelo, en lo que podía pudrirse. Instituciones, procesos, información pública, integridad electoral. En 1996, el mismo año en que Sterling Evans la entrevistó para The Green Republic, asumió la presidencia de Transparencia Internacional Costa Rica. Sostuvo el cargo una década, hasta 2006.

In practice the role placed her at the editorial center of Costa Rica's anti-corruption work during a period when the country's reputation for clean institutions was beginning to crack. In 2003 and 2004 she contributed Costa Rica chapters to TI's Global Corruption Report: election-campaign monitoring in 2003, "El caso de Costa Rica" in 2004, both published from Berlin. In December 2004 she edited Corrupción: una visión desde la sociedad civil through TI Costa Rica. In 2007, after stepping down, she co-authored "Increased transparency helps curb corruption in Costa Rica" with José Pablo Ramos for the Global Corruption Report 2007 on judicial-system corruption. TI's 2003 annual report listed her as the Costa Rica chapter contact. En la práctica, el rol la colocó en el centro editorial del trabajo anticorrupción de Costa Rica durante un período en que la reputación del país por sus instituciones limpias comenzaba a agrietarse. En 2003 y 2004 contribuyó capítulos sobre Costa Rica al Global Corruption Report de TI: monitoreo de campañas electorales en 2003, "El caso de Costa Rica" en 2004, ambos publicados desde Berlín. En diciembre de 2004 editó Corrupción: una visión desde la sociedad civil por Transparencia Internacional Costa Rica. En 2007, ya fuera de la presidencia, coescribió con José Pablo Ramos "Increased transparency helps curb corruption in Costa Rica" para el Global Corruption Report 2007 sobre corrupción en sistemas judiciales. El informe anual de TI de 2003 la registra como contacto del capítulo Costa Rica.

The Costa Rican political backdrop during her TI tenure is worth noting. Two former presidents were facing graft charges by the end of her presidency: Rafael Ángel Calderón Fournier and Miguel Ángel Rodríguez. The ICE-Alcatel and Caja-Fischel cases were dominating the news in 2004 and 2005. Costa Rica was simultaneously celebrated abroad as the green republic and reckoned at home as a country where its highest political figures had taken bribes. Salazar's TI work was inside that reckoning. Vale la pena anotar el telón político costarricense durante su tenencia en TI. Dos expresidentes enfrentaban acusaciones por enriquecimiento ilícito al cierre de su presidencia: Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez. Los casos ICE-Alcatel y Caja-Fischel dominaban los titulares en 2004 y 2005. Costa Rica era celebrada fuera como la república verde y, simultáneamente, ajustada cuentas en casa como un país donde sus más altas figuras políticas habían recibido sobornos. El trabajo de Salazar en TI quedaba dentro de ese ajuste.

At a moment when most environmental movements were arguing for stronger laws, Salazar's transparency work identified the structural reason laws were not being enforced. Her writing on the Sala IV's Crucitas ruling makes the same diagnosis by other means: the law was on the books; what failed was administrative will. En un momento en que la mayor parte de los movimientos ambientales argumentaban por leyes más fuertes, el trabajo de Salazar en transparencia identificaba la razón estructural por la que las leyes no se aplicaban. Su escritura sobre el fallo de Crucitas en la Sala IV hace el mismo diagnóstico por otra vía: la ley estaba en los códigos; lo que falló fue la voluntad administrativa.

The hinge into the present comes in 2020. Salazar is by then a member of the AyA Junta Directiva, where she sits from approximately 2018 through 2022. In 2020 ARESEP, the public-services regulator, flagged a set of billing errors at AyA: the utility was calculating monthly water consumption from prior months rather than from meter readings, and computing six-month averages where regulation required twelve. At a November 2020 board meeting, Salazar raised the issue directly with then-AyA presidenta Yamileth Astorga. CRHoy preserved the exchange. El gozne con el presente se da en 2020. Para entonces Salazar es miembro de la Junta Directiva de AyA, donde se sienta aproximadamente entre 2018 y 2022. En 2020 ARESEP, el regulador de servicios públicos, señaló una serie de errores de facturación en AyA: la institución estaba calculando el consumo mensual de agua a partir de meses anteriores en lugar de lecturas del medidor, y promediaba seis meses donde la reglamentación exigía doce. En una sesión de junta de noviembre de 2020, Salazar planteó el asunto directamente a la entonces presidenta ejecutiva Yamileth Astorga. CRHoy conservó el intercambio.

Salazar asked, "Errores en la facturación, ¿no se dieron errores?" (Errors in the billing, weren't there errors?) Astorga answered, "No, ¿cuáles errores?" (No, what errors?) Salazar preguntó: "Errores en la facturación, ¿no se dieron errores?" Astorga respondió: "No, ¿cuáles errores?"

Salazar walked her through ARESEP's findings: the consumo-from-prior-months method, the six-month-versus-twelve-month average. The exchange was small, polite, and devastating. Salazar la llevó por los hallazgos de ARESEP: el método de consumo a partir de meses anteriores, el promedio de seis meses contra doce. El intercambio fue pequeño, cortés y demoledor.

This is the natural extension of her transparency work into the utility-regulatory space. An environmental attorney sitting on a public-utility board, asking the same accountability question she had asked of anti-corruption institutions twenty years earlier. Laws exist; whether the institutions that administer them do their job is another matter. Es la extensión natural de su trabajo en transparencia al espacio de la regulación de servicios públicos. Una abogada ambiental sentada en la junta de una institución prestataria de servicios públicos, haciendo la misma pregunta de rendición de cuentas que había hecho de las instituciones anticorrupción veinte años antes. Las leyes existen; otra cosa es si las instituciones que las administran están haciendo su trabajo.

After the Robe Después de la toga

In December 2017 Salazar left the Sala IV. The conventional next move for a former magistrada with her doctrinal range would have been the major environmental fights of the late 2010s and early 2020s: Crucitas reopening as Industrias Infinito's lawyers pressed renewed claims after the 2010 ruling, the Bolsón aquifer in Guanacaste, Las Baulas, the Reventazón hydroelectric impacts, the carbon-market frameworks under REDD+, the 30x30 commitments under the Global Biodiversity Framework. She does not appear to have written on any of them. Instead, she turned to a different terrain. En diciembre de 2017 Salazar salió de la Sala IV. El siguiente paso convencional para una exmagistrada con su rango doctrinal habrían sido las grandes luchas ambientales de finales de los 2010 y comienzos de los 2020: la reapertura de Crucitas conforme los abogados de Industrias Infinito presionaban reclamos renovados tras el fallo de 2010, el acuífero del Bolsón en Guanacaste, Las Baulas, los impactos del Hidroeléctrico Reventazón, los marcos de mercados de carbono bajo REDD+, los compromisos 30x30 del Marco Global de Biodiversidad. No parece haber escrito sobre ninguno de esos temas. En cambio, se volcó hacia un terreno distinto.

From 2018 onward she sat on the AyA Junta Directiva. From at least 2020 she was the legal spokesperson for Asociación Costa Rica Saludable, an NGO whose central project is the front-of-package food-labeling law, Proyectos 22.065, 23.861, and 24.588, the iterative legislative attempts to require black warning seals on processed foods exceeding nutritional thresholds for sugar, fat, saturated fat, trans fat, sodium, and calories. In October 2024, when the food industry argued at an Asamblea Legislativa hearing that Costa Rica must wait for Central American regional regulation under SICA before adopting front-of-package labels, Salazar published a refutation in Delfino: "no existe obstáculo, impedimento o requisito legal regional que obligue a los Estados parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a esperar reglamentos centroamericanos en materia de salud pública, tal como es el EFAN." (There is no regional legal obstacle, impediment, or requirement obliging the member states of the Central American Integration System to wait for Central American regulations on public-health matters such as front-of-package warning labeling.) The industry was using regional-harmonization rhetoric to delay national-level public-health regulation. Salazar's role was to remove that argument from the table. In February 2025 the legislative commission rejected and archived the labeling bill. Desde 2018 se sentó en la Junta Directiva de AyA. Desde al menos 2020 fue la vocera legal de Asociación Costa Rica Saludable, una ONG cuyo proyecto central es la ley de etiquetado frontal de alimentos, los Proyectos 22.065, 23.861 y 24.588, los intentos legislativos iterativos por exigir sellos negros de advertencia en alimentos procesados que excedan umbrales nutricionales de azúcar, grasa, grasa saturada, grasa trans, sodio y calorías. En octubre de 2024, cuando la industria alimentaria argumentó en una audiencia de la Asamblea Legislativa que Costa Rica debía esperar regulación regional centroamericana bajo SICA antes de adoptar etiquetas frontales, Salazar publicó una refutación en Delfino: "no existe obstáculo, impedimento o requisito legal regional que obligue a los Estados parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) a esperar reglamentos centroamericanos en materia de salud pública, tal como es el EFAN." La industria usaba retórica de armonización regional para atrasar la regulación nacional de salud pública. El rol de Salazar fue retirar ese argumento de la mesa. En febrero de 2025 la comisión legislativa rechazó y archivó el proyecto de etiquetado.

By March 2025 she held another seat, representing the Colegio de Abogados de Costa Rica before CONIS, the Consejo Nacional de Investigación en Salud, which oversees the ethics of human-subjects medical research in Costa Rica. Para marzo de 2025 ocupaba otro asiento: representante propietaria del Colegio de Abogados de Costa Rica ante CONIS, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, que supervisa la ética de la investigación biomédica con seres humanos en Costa Rica.

Her recent Delfino columns trace a philosophical thread. "Consumidor Sostenible" (11 March 2020) frames sustainable consumption as cradle-to-grave, farm-to-fork, polluter-pays, the same trilogy she had advanced in Ambientico 130 in 2004, now tied explicitly to SDG 12 and ECOSOC's 1999 Observación General 12 on the right to adequate food. "La ética en la selección de personal" (June 2022) extends her transparency framework into HR ethics. "Hacia la formulación de efectivos códigos de ética" (7 October 2024) lays out the institutional-design questions for ethics codes that bind rather than decorate. Sus columnas recientes en Delfino trazan un hilo filosófico. "Consumidor Sostenible" (11 de marzo de 2020) plantea el consumo sostenible como cuna a tumba, granja a tenedor, quien contamina paga, la misma trilogía que había avanzado en Ambientico 130 en 2004, ahora atada explícitamente al ODS 12 y a la Observación General 12 de 1999 del ECOSOC sobre el derecho a la alimentación adecuada. "La ética en la selección de personal" (junio de 2022) extiende su marco de transparencia al campo de la ética en recursos humanos. "Hacia la formulación de efectivos códigos de ética" (7 de octubre de 2024) plantea las preguntas de diseño institucional para los códigos de ética que vinculan en vez de decorar.

The connection back to the earlier work is doctrinally clean. The consumer is the citizen is the inhabitant. The right to a healthy environment, the right to know what is in food, the right to expect honest public administration: for her, these are doctrinally one. She has not publicly explained why she stayed out of the Crucitas reopening or the Bolsón aquifer. Her current work is in regulatory architecture being built now, and her writing platform is the Delfino column, no longer the books she stopped publishing in 2008. La conexión hacia atrás con el trabajo previo es doctrinalmente limpia. La consumidora es la ciudadana es la habitante. El derecho a un ambiente sano, el derecho a saber qué hay en el alimento, el derecho a esperar una administración pública honesta: para ella son doctrinalmente uno solo. No ha explicado públicamente por qué se mantuvo al margen de la reapertura de Crucitas o del acuífero del Bolsón. Su trabajo actual está en la arquitectura regulatoria que se construye ahora, y su plataforma de escritura es la columna en Delfino, ya no los libros que dejó de publicar en 2008.

What the Next Generation Does Not Cite Lo que la siguiente generación no cita

The collective volume Derecho Ambiental del Siglo XXI, edited by Mario Peña Chacón (Editorial Isolma, 2019), is the principal reference for the UCR Maestría en Derecho Ambiental, Costa Rica's flagship graduate program in environmental law. It does not cite Roxana Salazar anywhere across the contributions of its twelve jurists. Peña Chacón's El Proceso Ambiental en Costa Rica, the companion volume on procedural environmental law, does not cite her either. The recent published work of Álvaro Sagot Rodríguez, Lis Méndez Henríquez, and Jorge Cabrera Medaglia, her 1995 co-editor, does not foreground her work. When these works acknowledge anyone, they name institutions and programs, never her. El volumen colectivo Derecho Ambiental del Siglo XXI, editado por Mario Peña Chacón (Editorial Isolma, 2019), es la referencia principal de la Maestría en Derecho Ambiental de la UCR, el programa insignia de posgrado en derecho ambiental del país. No cita a Roxana Salazar en ninguna parte a lo largo de las contribuciones de sus doce juristas. El Proceso Ambiental en Costa Rica de Peña Chacón, el volumen acompañante sobre derecho procesal ambiental, tampoco la cita. La producción reciente de Álvaro Sagot Rodríguez, Lis Méndez Henríquez y Jorge Cabrera Medaglia, su coeditor de 1995, no destaca su obra. Cuando estas obras reconocen a alguien, nombran instituciones y programas, nunca a ella.

The doctrinal vocabulary those textbooks use traces back through her books. Article 50 read in correlation with Article 89: El derecho a un ambiente sano (1993). Third-generation environmental rights: Manual de derechos humanos y ambiente (1994). State-omission liability: Ambientico 181 (2008). The precautionary principle as operational order: her 2009 signature on Voto 262-2009. The constitutionality of limitations on private property: Legislación y ecología en Costa Rica (1991), page 163. The legislative framework the maestría program teaches emerged through laws she participated in shaping. Her CV lists involvement in formulation of the comprehensive solid-waste management law, hazardous-waste regulations, the water resource law, the forest law, an environmental code, and the constitutional environmental guarantees. The legislative record rarely names individual drafters, so that involvement rests on her own account. But the doctrine those texts articulate is recognizable as hers. El vocabulario doctrinal que esos libros de texto usan se rastrea a través de sus libros. El artículo 50 leído en correlación con el artículo 89: El derecho a un ambiente sano (1993). Los derechos ambientales de tercera generación: Manual de derechos humanos y ambiente (1994). La responsabilidad por omisión estatal: Ambientico 181 (2008). El principio precautorio como orden operativa: su firma de 2009 en el Voto 262-2009. La constitucionalidad de las limitaciones a la propiedad privada: Legislación y ecología en Costa Rica (1991), página 163. El marco legislativo que enseña la maestría emergió a través de leyes en cuya formulación ella participó. Su currículum vitae registra participación en la formulación de la ley integral de manejo de desechos sólidos, las regulaciones de residuos peligrosos, la ley del recurso hídrico, la ley forestal, un código ambiental y las garantías ambientales constitucionales. El registro legislativo rara vez nombra a los redactores individuales, de modo que esa participación se sostiene en su propio testimonio. Pero la doctrina que esos textos articulan es reconocible como suya.

There is no scandal here. Costa Rican legal scholarship has its own patterns. Citation tends to track court votos rather than book authors. The votos do not name their underlying treatises. The doctrinarian whose work shapes a generation of jurisprudence can disappear from the footnotes while remaining visible in every line of reasoning. The pattern is not unique to her, and identifying it is not an indictment of the scholars who carry it forward. No hay escándalo aquí. La academia jurídica costarricense tiene sus propios patrones. La citación tiende a seguir los votos judiciales y no a los autores de libros. Los votos no nombran los tratados que los sostienen. La doctrinaria cuyo trabajo da forma a una generación de jurisprudencia puede desaparecer de las notas al pie mientras permanece visible en cada línea de razonamiento. El patrón no es exclusivo de ella, y señalarlo no es una acusación contra quienes lo continúan.

But the doctrine came from somewhere. It came from books printed by a small NGO press in San José, written by an attorney who in 2026 is still arguing for food-labeling rights in her seventies. Pero la doctrina vino de algún lugar. Vino de libros impresos por una pequeña editorial de ONG en San José, escritos por una abogada que en 2026, ya entrada en sus setenta, sigue argumentando por los derechos del etiquetado de alimentos.