How the Térraba Kept Flowing Cómo el Térraba Siguió Fluyendo

In May 2024, Costa Rica imposed electricity rationing for the first time in seventeen years. An El Niño event had delivered the worst drought in five decades. Reservoir levels were critical. In a normal year, roughly three-quarters of the country's electricity comes from hydroelectric plants; during the 2023-24 drought, that share fell to 56 percent as rivers ran dry. President Rodrigo Chaves floated the idea of reviving El Diquís, a 631-megawatt hydroelectric dam on the Térraba River that had been declared unconstitutional two years earlier. He claimed $280 million in sunk costs (ICE's official figure was $146 million) had been "thrown to the fire" by the previous government. En mayo de 2024, Costa Rica impuso racionamiento eléctrico por primera vez en diecisiete años. Un evento de El Niño había provocado la peor sequía en cinco décadas. Los niveles de los embalses eran críticos. En un año normal, aproximadamente tres cuartas partes de la electricidad del país provienen de plantas hidroeléctricas; durante la sequía de 2023-24, esa proporción cayó al 56 por ciento conforme los ríos se secaron. El presidente Rodrigo Chaves planteó la idea de revivir El Diquís, una represa hidroeléctrica de 631 megavatios en el río Térraba que había sido declarada inconstitucional dos años antes. Afirmó que $280 millones en costos hundidos (la cifra oficial del ICE era $146 millones) habían sido "tirados al fuego" por el gobierno anterior.

The $280 million was the simplest thing about El Diquís. The dam's advocates said it would produce clean energy. Its opponents said it would destroy a river and a people. In 2024, the river was drying up on its own. By then the dam was legally dead, killed by a constitutional court ruling in January 2022. And the man who had filed the final challenge was a cultural manager who worked with indigenous youth, sat on the Council of Elders of Térraba, and served as president of the local school board. Los $280 millones eran lo más simple de El Diquís. Los defensores de la represa decían que produciría energía limpia. Sus opositores decían que destruiría un río y un pueblo. En 2024, el río se estaba secando solo. Para entonces la represa ya estaba legalmente muerta, eliminada por un fallo constitucional en enero de 2022. Y el hombre que había presentado el recurso final era un gestor cultural que trabajaba con jóvenes indígenas, formaba parte del Consejo de Mayores de Térraba y servía como presidente de la Junta de Educación de la escuela local.

To understand how this happened, you have to go back more than fifty years. Para entender cómo sucedió esto, hay que retroceder más de cincuenta años.

Di Cri Di Cri

The Térraba is Costa Rica's largest river system: 5,085 square kilometers of watershed, draining from Chirripó at 3,820 meters to the Pacific. At its mouth sits the Térraba-Sierpe National Wetland, 30,654 hectares designated as Ramsar Site 782 in 1995, one of the largest wetland systems in Central America. "Diquís" comes from the Boruca language: "Di Cri," abundant water. El Térraba es el sistema fluvial más grande de Costa Rica: 5.085 kilómetros cuadrados de cuenca, drenando desde el Chirripó a 3.820 metros hasta el Pacífico. En su desembocadura se encuentra el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, 30.654 hectáreas designadas como Sitio Ramsar 782 en 1995, uno de los sistemas de humedales más grandes de Centroamérica. "Diquís" proviene del idioma boruca: "Di Cri," agua abundante.

Fifty-five documented fish species inhabit the watershed, thirteen of them found nowhere else. The area was recently designated an Important Shark and Ray Area for eighteen qualifying species, including the critically endangered Largetooth Sawfish, recorded at multiple life stages, a finding researchers called "particularly significant considering their local extinction from much of the Eastern Pacific." Cincuenta y cinco especies de peces documentadas habitan la cuenca, trece de ellas no se encuentran en ningún otro lugar. El área fue recientemente designada como Área Importante de Tiburones y Rayas para dieciocho especies calificadas, incluyendo el pez sierra, en peligro crítico de extinción, registrado en múltiples etapas de vida, un hallazgo que los investigadores llamaron "particularmente significativo considerando su extinción local en gran parte del Pacífico Oriental."

The Broran, also called the Térraba, are descended from the pre-Columbian Chiriquí civilization, surviving on this land for more than five hundred years. San Francisco de Térraba was founded in 1689. Their territory encompasses approximately 9,000 hectares along the Térraba River, home to roughly 600 native residents. Buenos Aires canton, where the territory sits, concentrates six of Costa Rica's 24 indigenous territories belonging to four peoples: Brunkas (Borucas), Brorán-Térraba, Bribri, and Cabécar. Los brorán, también llamados térraba, descienden de la civilización precolombina chiriquí, sobreviviendo en esta tierra por más de quinientos años. San Francisco de Térraba fue fundado en 1689. Su territorio abarca aproximadamente 9.000 hectáreas a lo largo del río Térraba, hogar de unos 600 residentes nativos. El cantón de Buenos Aires, donde se ubica el territorio, concentra seis de los 24 territorios indígenas de Costa Rica pertenecientes a cuatro pueblos: brunkas (borucas), brorán-térraba, bribri y cabécar.

The 1977 Ley Indígena declared indigenous reserves the exclusive, inalienable property of indigenous communities and required the removal of non-indigenous occupants. Nearly fifty years later, the government has never enforced it. Non-indigenous settlers occupy 88 percent of Térraba territory. In neighboring Salitre, a Bribri territory in the same canton, settlers hold 60 percent. The Inter-American Commission on Human Rights documented these figures during a visit in May 2019. La Ley Indígena de 1977 declaró las reservas indígenas propiedad exclusiva e inalienable de las comunidades indígenas y exigió la remoción de los ocupantes no indígenas. Casi cincuenta años después, el gobierno nunca la ha hecho cumplir. Colonos no indígenas ocupan el 88 por ciento del territorio térraba. En la vecina Salitre, un territorio bribri en el mismo cantón, los colonos poseen el 60 por ciento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas cifras durante una visita en mayo de 2019.

Boruca Said No Boruca Dijo No

ICE, Costa Rica's state electricity company, first studied the Térraba basin for hydroelectric potential in the 1960s. The original Boruca-Cajón proposal was linked to ALCOA's bauxite smelting scheme: a massive aluminum processing facility that would consume the dam's output. When student protests drove ALCOA out in 1970 (later recognized as the first manifestation of environmentalism in Costa Rica), the aluminum justification disappeared. The dam ambition survived. El ICE, la empresa estatal de electricidad de Costa Rica, estudió por primera vez la cuenca del Térraba para potencial hidroeléctrico en la década de 1960. La propuesta original Boruca-Cajón estaba vinculada al proyecto de fundición de bauxita de ALCOA: una planta masiva de procesamiento de aluminio que consumiría la producción de la represa. Cuando las protestas estudiantiles expulsaron a ALCOA en 1970 (reconocido posteriormente como la primera manifestación del ambientalismo en Costa Rica), la justificación del aluminio desapareció. La ambición de la represa sobrevivió.

The Boruca project would have required a 260-meter dam flooding 25,000 hectares, including the entire Rey Curré Reserve and parts of Boruca and Térraba territories. In March 2001, the affected communities signed a manifesto. El proyecto Boruca habría requerido una represa de 260 metros inundando 25.000 hectáreas, incluyendo toda la Reserva de Rey Curré y partes de los territorios boruca y térraba. En marzo de 2001, las comunidades afectadas firmaron un manifiesto.

Faced with this opposition, ICE relocated the proposed dam site upstream to Térraba territory, renamed it "El Diquís," and scaled it down. The revised project called for a 172-meter dam, a reservoir flooding approximately 6,800 hectares, and 631 to 650 megawatts of installed capacity. The flooding would destroy roughly 830 hectares of indigenous territory: 726 hectares of Térraba at 8 percent of their land, 104 hectares of China Kichá at 10 percent of theirs. More than 1,500 people would be displaced. Over 100 known archaeological sites would be inundated. Downstream, the Térraba-Sierpe wetland faced sediment starvation. Ante esta oposición, el ICE reubicó el sitio propuesto para la represa río arriba en territorio térraba, la renombró "El Diquís" y la redujo en escala. El proyecto revisado contemplaba una represa de 172 metros, un embalse que inundaría aproximadamente 6.800 hectáreas, y una capacidad instalada de 631 a 650 megavatios. La inundación destruiría aproximadamente 830 hectáreas de territorio indígena: 726 hectáreas de Térraba equivalentes al 8 por ciento de su tierra, 104 hectáreas de China Kichá equivalentes al 10 por ciento de la suya. Más de 1.500 personas serían desplazadas. Más de 100 sitios arqueológicos conocidos serían inundados. Río abajo, el humedal Térraba-Sierpe enfrentaría la privación de sedimentos.

Stanford University's INOGO program studied El Diquís specifically and found that the dam would trap approximately half the sediment the Térraba carries to the coast. A 2019 study in Science Advances (Ezcurra et al.) documented what this means in practice, comparing dammed and free-flowing rivers along the Mexican Pacific. On dammed rivers, plant species richness on sandbars dropped from 33 to 4. Coastal forests and mangroves retreated at more than 20 hectares per year. Fisheries catch collapsed from 658 tons to 35 tons. Coastal accretion reversed: the Santiago estuary went from gaining 4.5 hectares per year to losing 21.5 hectares per year after damming. The study concluded that the environmental damages "almost double the purported benefits of emission reductions from hydroelectric generation." El programa INOGO de la Universidad de Stanford estudió El Diquís específicamente y encontró que la represa atraparía aproximadamente la mitad del sedimento que el Térraba transporta a la costa. Un estudio de 2019 en Science Advances (Ezcurra et al.) documentó lo que esto significa en la práctica, comparando ríos represados y ríos de flujo libre a lo largo del Pacífico mexicano. En los ríos represados, la riqueza de especies vegetales en bancos de arena cayó de 33 a 4. Los bosques costeros y los manglares retrocedieron a más de 20 hectáreas por año. La captura pesquera se desplomó de 658 toneladas a 35 toneladas. La acreción costera se invirtió: el estuario del Santiago pasó de ganar 4,5 hectáreas por año a perder 21,5 hectáreas por año después del represamiento. El estudio concluyó que los daños ambientales "casi duplican los supuestos beneficios de las reducciones de emisiones por generación hidroeléctrica."

The project site also raised geological alarms. The Falla Longitudinal, Costa Rica's longest active fault, extends 184 kilometers within the country and up to 300 kilometers into Panama, capable of generating magnitude 7.0 to 7.5 earthquakes per individual segment. The UCR's Consejo Universitario stated that the fault "crosses part of the zone where the project will be built," citing Decreto 32967, which restricts construction near active faults. Seismologist Wilfredo Rojas Quesada, who co-authored the definitive paleoseismology study on the fault, had warned specifically of active faulting in the project zone. El sitio del proyecto también generó alarmas geológicas. La Falla Longitudinal, la falla activa más larga de Costa Rica, se extiende 184 kilómetros dentro del país y hasta 300 kilómetros hacia Panamá, capaz de generar sismos de magnitud 7,0 a 7,5 por segmento individual. El Consejo Universitario de la UCR declaró que la falla "cruza parte de la zona donde se construirá el proyecto," citando el Decreto 32967, que restringe la construcción cerca de fallas activas. El sismólogo Wilfredo Rojas Quesada, coautor del estudio definitivo de paleosismología sobre la falla, había advertido específicamente sobre fallamiento activo en la zona del proyecto.

Former SETENA Secretary General Allan Astorga Gattgens, who also wrote the technical protocol restricting construction near active faults, criticized ICE for conducting its own environmental impact assessment rather than using independent evaluators. El exsecretario general de SETENA, Allan Astorga Gattgens, quien también redactó el protocolo técnico que restringe la construcción cerca de fallas activas, criticó al ICE por realizar su propia evaluación de impacto ambiental en lugar de utilizar evaluadores independientes.

The reservoir was smaller, but the revised project still displaced more than 1,500 people from indigenous land, threatened the Térraba-Sierpe wetland with sediment starvation, and sat on an active fault. El embalse era más pequeño, pero el proyecto revisado aún desplazaba a más de 1.500 personas de tierra indígena, amenazaba al humedal Térraba-Sierpe con la privación de sedimentos, y se asentaba sobre una falla activa.

Conveniencia Nacional Conveniencia Nacional

On February 6, 2008, late in his second term, President Oscar Arias issued Decreto 34312-MP-MINAE, declaring El Diquís a project of "conveniencia nacional." This is a legal mechanism under the Forestry Law that allows certain activities in forested areas when the social benefits demonstrably exceed the socio-environmental costs. Arias would use the same mechanism eight months later for the Crucitas gold mine. Both decrees were eventually annulled. El 6 de febrero de 2008, al final de su segundo mandato, el presidente Oscar Arias emitió el Decreto 34312-MP-MINAE, declarando El Diquís un proyecto de "conveniencia nacional." Este es un mecanismo legal bajo la Ley Forestal que permite ciertas actividades en áreas boscosas cuando los beneficios sociales exceden demostrablemente los costos socioambientales. Arias utilizaría el mismo mecanismo ocho meses después para la mina de oro Crucitas. Ambos decretos fueron finalmente anulados.

The Diquís decree invoked Costa Rica's "Paz con la Naturaleza" initiative and carbon neutrality targets as justifications. It authorized ICE to operate in indigenous territories. It exempted ICE from property title, timber, and flora/fauna requirements. It ordered SETENA to review the environmental impact assessment within five months. It ordered all public administration to cooperate. El decreto de El Diquís invocó la iniciativa "Paz con la Naturaleza" de Costa Rica y las metas de carbono neutralidad como justificación. Autorizó al ICE a operar en territorios indígenas. Eximió al ICE de requisitos de título de propiedad, madera y flora/fauna. Ordenó a SETENA revisar la evaluación de impacto ambiental dentro de cinco meses. Ordenó a toda la administración pública cooperar.

The decree was issued without consulting the indigenous communities whose territory it affected. ILO Convention 169, ratified by Costa Rica in 1993, requires prior, free, and informed consultation before governments take measures that directly affect indigenous peoples, and requires their consent before relocation. The decree authorized ICE to operate in indigenous territories and the project would have displaced 1,500 people. El decreto fue emitido sin consultar a las comunidades indígenas cuyo territorio afectaba. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, exige consulta previa, libre e informada antes de que los gobiernos tomen medidas que afecten directamente a los pueblos indígenas, y requiere su consentimiento antes de cualquier reubicación. El decreto autorizó al ICE a operar en territorios indígenas y el proyecto habría desplazado a 1.500 personas.

The "conveniencia nacional" mechanism under the Ley Forestal requires demonstrating that a project's social benefits exceed its socio-environmental costs. The government treated the Reglamento's listing of electricity generation as automatic authorization, bypassing the analysis entirely. The Minister of Environment would later admit under oath that "no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen": the required cost-benefit study had never been conducted. El mecanismo de "conveniencia nacional" bajo la Ley Forestal exige demostrar que los beneficios sociales de un proyecto superan sus costos socioambientales. El gobierno trató la inclusión de la generación eléctrica en el Reglamento como una autorización automática, eludiendo el análisis por completo. La ministra de Ambiente admitiría luego bajo juramento que "no consta en este Despacho los estudios y valoración social y económica que así lo justifiquen": el estudio costo-beneficio requerido nunca se realizó.

ICE had begun preparatory work in Térraba territory in 2006, two years before the decree, without consultation. The company obtained access through a permit signed by 76 members of the ADI (Asociación de Desarrollo Integral), the state-imposed community development association, rather than through traditional indigenous authorities. El ICE había comenzado trabajos preparatorios en territorio térraba en 2006, dos años antes del decreto, sin consulta. La empresa obtuvo acceso mediante un permiso firmado por 76 miembros de la ADI (Asociación de Desarrollo Integral), la asociación de desarrollo comunal impuesta por el Estado, en lugar de hacerlo a través de las autoridades indígenas tradicionales.

Cindy Broran, of the Movimiento Indígena Broran, described what the community experienced: "When we realized it, trucks, cars, and people were already entering the community. The association gave the approval for the company to enter and build the dam. It was an experience we don't want to have again. There was so much noise, machinery. They stirred up the entire river, killed many species." Cindy Broran, del Movimiento Indígena Broran, describió lo que vivió la comunidad: "Cuando nos dimos cuenta, ya estaban entrando camiones, carros, personas en la comunidad. La asociación dio el aval para que la empresa entrara y construyera la represa. Fue una experiencia que no queremos volver a tener. Era mucho ruido, maquinaria. Revolvieron todo el río, mataron muchas especies."

Cabezas Calientes Cabezas Calientes

Following the decree, a private citizen opened the first legal crack. Yoffre Aguirre Castillo, from the Buenos Aires area, requested information from ICE about who occupied the project area and what technical studies justified the decree. ICE refused to provide it. The Sala IV ruled against ICE (Res. 11743-2008): the information was public. Tras el decreto, un ciudadano particular abrió la primera grieta legal. Yoffre Aguirre Castillo, del área de Buenos Aires, solicitó información al ICE sobre quiénes ocupaban la zona del proyecto y qué estudios técnicos justificaban el decreto. El ICE se negó a proporcionarla. La Sala IV falló contra el ICE (Res. 11743-2008): la información era pública.

The Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba (ADIIT), the indigenous governance body itself, filed a constitutional challenge in June 2008, arguing that the decree violated their property rights under the Constitution and ILO Convention 169 by authorizing a project on indigenous land without consultation. They challenged Articles 1, 4, and 8 of the decree. While the case moved through the court, ICE continued technical studies on the territory and spent $80 million on the project. It took three years to reach judgment. La Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba (ADIIT), el propio órgano de gobernanza indígena, presentó un recurso de inconstitucionalidad en junio de 2008, argumentando que el decreto violaba sus derechos de propiedad bajo la Constitución y el Convenio 169 de la OIT al autorizar un proyecto en territorio indígena sin consulta. Impugnaron los Artículos 1, 4 y 8 del decreto. Mientras el caso avanzaba por la corte, el ICE continuó estudios técnicos en el territorio y gastó $80 millones en el proyecto. Tomó tres años llegar a sentencia.

On September 23, 2011, the Sala IV issued its pivotal decision (Res. 12975-2011). The court did not strike down the decree. Instead, it conditionally interpreted Article 8 of the decree, the provision authorizing ICE to operate in indigenous territories: it was constitutional only if ICE conducted the required indigenous consultation within six months. Three dissenting magistrates argued Article 8 should have been struck down immediately because the project encompassed indigenous territory and no consultation had occurred. El 23 de septiembre de 2011, la Sala IV emitió su decisión fundamental (Res. 12975-2011). La corte no anuló el decreto. En cambio, interpretó condicionalmente el Artículo 8 del decreto, la disposición que autorizaba al ICE a operar en territorios indígenas: era constitucional solo si el ICE realizaba la consulta indígena requerida dentro de seis meses. Tres magistrados disidentes argumentaron que el Artículo 8 debió haber sido anulado inmediatamente porque el proyecto abarcaba territorio indígena y no se había realizado consulta alguna.

The deadline passed in March 2012. ICE did not consult. Two reasons, and both can be true simultaneously. First, Costa Rica had no legal mechanism for indigenous consultation. When the Sala IV ordered consultation within six months, it ordered something with no procedural implementation. The country would not create one until 2018. Second, the community rejected ICE's engagement attempts as propaganda. ICE held "information sessions" that indigenous leaders characterized as one-directional presentations, the opposite of the bidirectional process ILO Convention 169 requires. El plazo venció en marzo de 2012. El ICE no consultó. Dos razones, y ambas pueden ser ciertas simultáneamente. Primero, Costa Rica no tenía un mecanismo legal para la consulta indígena. Cuando la Sala IV ordenó la consulta dentro de seis meses, ordenó algo sin implementación procedimental. El país no crearía uno hasta 2018. Segundo, la comunidad rechazó los intentos de acercamiento del ICE como propaganda. El ICE realizó "sesiones informativas" que los líderes indígenas caracterizaron como presentaciones unidireccionales, lo opuesto al proceso bidireccional que exige el Convenio 169 de la OIT.

The community was genuinely divided. Genaro Gutiérrez Reyes, who had led the ADI for twelve years while simultaneously holding positions in CONAI (the national indigenous affairs commission, where he would later face embezzlement charges), requested 10 percent of the hydroelectric plant's profits for community development. He dismissed opponents as "un grupo de cabezas calientes" (a group of hot-heads). ICE rejected the 10 percent demand but offered trust funds and canon fees. ICE promised up to 3,500 jobs. In Buenos Aires canton, where chronic poverty exceeds 30 percent and Broran poverty reaches 85 percent, these promises carried real weight. La comunidad estaba genuinamente dividida. Genaro Gutiérrez Reyes, quien había dirigido la ADI durante doce años mientras simultáneamente ocupaba cargos en CONAI (la comisión nacional de asuntos indígenas, donde posteriormente enfrentaría cargos de peculado), solicitó el 10 por ciento de las ganancias de la planta hidroeléctrica para el desarrollo comunitario. Descartó a los opositores como "un grupo de cabezas calientes." El ICE rechazó la demanda del 10 por ciento pero ofreció fondos fiduciarios y cánones. El ICE prometió hasta 3.500 empleos. En el cantón de Buenos Aires, donde la pobreza crónica supera el 30 por ciento y la pobreza broran alcanza el 85 por ciento, estas promesas tenían un peso real.

On the opposing side, the Movimiento Indígena Broran and the Council of Elders organized total resistance. The division partly reflected a deeper structural conflict: the ADIs, imposed by the state under DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad) supervision, do not represent traditional indigenous governance. Over 60 percent of the Térraba ADI's affiliates were non-indigenous, able to join through family connections or fee payments. UN Special Rapporteur James Anaya documented this in his 2011 report: "Almost all indigenous representatives alleged that the ADIs do not adequately represent indigenous peoples... the ADIs are perceived as parts of state institutional framework that regularly make decisions without informing or consulting the indigenous community bases they supposedly represent." The government even created a rival Council of Elders to fragment the opposition. Del lado opuesto, el Movimiento Indígena Broran y el Consejo de Mayores organizaron la resistencia total. La división reflejaba en parte un conflicto estructural más profundo: las ADI, impuestas por el Estado bajo la supervisión de DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad), no representan la gobernanza indígena tradicional. Más del 60 por ciento de los afiliados de la ADI de Térraba eran no indígenas, pudiendo afiliarse por vínculos familiares o pago de cuotas. El Relator Especial de la ONU James Anaya documentó esto en su informe de 2011: "Casi todos los representantes indígenas alegaron que las ADI no representan adecuadamente a los pueblos indígenas... las ADI son percibidas como partes del marco institucional estatal que regularmente toman decisiones sin informar ni consultar a las bases comunitarias indígenas que supuestamente representan." El gobierno incluso creó un Consejo de Mayores rival para fragmentar la oposición.

The resistance reshaped the ADI. Indigenous activists proved that the board's 2011 reelection was illegal, ending twelve years of continuous control by the same directors who had authorized ICE's entry. A new board declared ICE's presence in the territory illegal and demanded the company leave. ICE complied. The new board purged non-indigenous members from the ADI's rolls. For a moment, the institution that had let ICE in was under indigenous control. La resistencia reconfiguró la ADI. Los activistas indígenas demostraron que la reelección de la junta directiva en 2011 era ilegal, poniendo fin a doce años de control continuo por los mismos directivos que habían autorizado la entrada del ICE. Una nueva junta declaró ilegal la presencia del ICE en el territorio y exigió que la empresa se retirara. El ICE cumplió. La nueva junta depuró a los miembros no indígenas del padrón de la ADI. Por un momento, la institución que había dejado entrar al ICE estaba bajo control indígena.

It did not last. The ousted directors filed an administrative lawsuit, and the courts restored them. Back in control, they withdrew a $200 million community lawsuit that had been filed against ICE for environmental damages and invited the company to return. ICE financed subsequent ADI assemblies; community members reported that 80 percent of motions at those assemblies favored the company. By 2017, the board was composed mainly of children of the original twelve-year directors. No duró. Los directivos depuestos presentaron una demanda contencioso-administrativa, y los tribunales los restauraron. De vuelta en el control, retiraron una demanda comunitaria de $200 millones que se había presentado contra el ICE por daños ambientales e invitaron a la empresa a regresar. El ICE financió las asambleas subsiguientes de la ADI; miembros de la comunidad reportaron que el 80 por ciento de las mociones en esas asambleas favorecían a la empresa. Para 2017, la junta estaba compuesta principalmente por hijos e hijas de los directivos originales de los doce años.

Ni Hoy, Ni Mañana, Ni Nunca Ni Hoy, Ni Mañana, Ni Nunca

The struggle was not only local. Internationally, Forest Peoples Programme and Kus Kura S.C. filed a CERD Urgent Request that triggered UN Special Rapporteur James Anaya's official visit in April 2011. The University of Texas Human Rights Clinic published "Swimming Against the Current" in 2010, documenting FPIC violations. In 2012, Forest Peoples Programme and Broran organizations filed a petition before the Inter-American Commission on Human Rights, which could ultimately produce a binding ruling against Costa Rica for violating indigenous territorial rights. La lucha no era solo local. A nivel internacional, Forest Peoples Programme y Kus Kura S.C. presentaron una Solicitud Urgente ante el CERD que motivó la visita oficial del Relator Especial de la ONU James Anaya en abril de 2011. La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas publicó "Swimming Against the Current" en 2010, documentando violaciones al consentimiento libre, previo e informado. En 2012, Forest Peoples Programme y organizaciones broran presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría resultar en una sentencia vinculante contra Costa Rica por violar los derechos territoriales indígenas.

Domestically, the UCR Consejo Universitario formally demanded the Executive derogate the decree in October 2012, calling it legally unsupported: "no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad" (it lacks the environmental studies and technical support necessary for its legality). Their interdisciplinary expert report detailed environmental, legal, geological, anthropological, and social concerns. In June 2014, UNESCO inscribed the "Precolumbian Chiefdom Settlements with Stone Spheres of the Diquís" as World Heritage Site 1453. The cultural heritage argument gained institutional weight at the worst possible moment for the project. A nivel nacional, el Consejo Universitario de la UCR exigió formalmente al Ejecutivo derogar el decreto en octubre de 2012, calificándolo como sin sustento legal: "no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad." Su informe pericial interdisciplinario detalló preocupaciones ambientales, legales, geológicas, antropológicas y sociales. En junio de 2014, la UNESCO inscribió los "Asentamientos Cacicales Precolombinos con Esferas de Piedra del Diquís" como Patrimonio de la Humanidad número 1453. El argumento del patrimonio cultural adquirió peso institucional en el peor momento posible para el proyecto.

On October 21, 2016, roughly 200 inhabitants of the indigenous territory of Curré came to a government meeting on the consultation mechanism. Rafael Rojas, a thirty-one-year-old Boruca man, addressed the officials: "There are issues that are non-negotiable, because of our cosmovision and our cultures. It will be necessary to tell you which issues we do not want to negotiate: not today, not tomorrow, not ever." Emilsen Cedeño, sixty-three, expressed cautious openness: "We have to see what this is going to bring us, good or negative? Hopefully it is good, we always have to be positive." Deputy Minister Ana Gabriel Zúñiga acknowledged the stakes: "Possibly this opportunity is not going to be repeated. The only possibility that this consultation mechanism will be respected is that you, Indigenous Peoples, make it your own and force us to comply." The case did not require everyone to agree. It required enough people to act. El 21 de octubre de 2016, aproximadamente 200 habitantes del territorio indígena de Curré acudieron a una reunión gubernamental sobre el mecanismo de consulta. Rafael Rojas, un boruca de treinta y un años, se dirigió a los funcionarios: "Hay temas que no son negociables, por nuestra cosmovisión y nuestras culturas. Así que será necesario decirles cuáles temas no queremos negociar: ni hoy, ni mañana, ni nunca." Emilsen Cedeño, de sesenta y tres años, expresó cautelosa apertura: "Tenemos que ver qué nos va a traer esto, ¿bueno o negativo? Ojalá sea bueno, siempre hay que ser positivos." La viceministra Ana Gabriel Zúñiga reconoció lo que estaba en juego: "Posiblemente esta oportunidad no se va a repetir. La única posibilidad de que este mecanismo de consulta sea respetado es que ustedes, Pueblos Indígenas, lo hagan suyo y nos obliguen a cumplir." El caso no requería que todos estuvieran de acuerdo. Requería que suficientes personas actuaran.

Five days later, on October 26, 2016, environmental lawyer Walter Brenes Soto filed a new constitutional challenge targeting Article 8 specifically. The Sala IV agreed (Res. 15711-2016): the condition set in 2011 had never been met. Article 8 suffered from "supervening unconstitutionality." The authorization for ICE to operate in indigenous territories was annulled. Cinco días después, el 26 de octubre de 2016, el abogado ambientalista Walter Brenes Soto presentó un nuevo recurso constitucional dirigido específicamente contra el Artículo 8. La Sala IV concordó (Res. 15711-2016): la condición establecida en 2011 nunca se había cumplido. El Artículo 8 adolecía de "inconstitucionalidad sobrevenida." La autorización para que el ICE operara en territorios indígenas fue anulada.

Magistrate Paul Rueda Leal drafted both the 2011 conditional ruling and the 2016 annulment of Article 8. He would later dissent from the 2022 ruling that killed the entire decree. Magistrate Fernando Cruz Castro added a separate opinion emphasizing that indigenous territorial rights encompass "the totality of habitat," consistent with Inter-American Court jurisprudence. This language would prove critical in the final ruling. El magistrado Paul Rueda Leal redactó tanto la sentencia condicional de 2011 como la anulación de 2016 del Artículo 8. Posteriormente disentiría de la sentencia de 2022 que eliminó el decreto completo. El magistrado Fernando Cruz Castro agregó un voto separado enfatizando que los derechos territoriales indígenas abarcan "la totalidad del hábitat," consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este lenguaje resultaría fundamental en la sentencia final.

Not a Single Kilowatt Ni Un Solo Kilovatio

While El Diquís stalled in court, Costa Rica built a different dam. The Reventazón (305 MW), on the Caribbean slope, came online in 2016 as Central America's largest hydroelectric facility. Its construction doubled in cost from initial estimates, from $697 million to between $1.4 and $1.5 billion over six years of construction. Between Reventazón and other renewable projects, Costa Rica's installed electricity capacity grew roughly 47 percent from 2008 to 2020, from approximately 2,400 MW to over 3,500 MW, all without El Diquís. The energy gap the project was supposed to fill had been filled. Meanwhile, the country was shifting toward services, private generation was expanding, and the cost of solar and wind energy was plummeting. The economic case for a megadam on the Térraba was dissolving. Mientras El Diquís se estancaba en los tribunales, Costa Rica construyó otra represa. La Reventazón (305 MW), en la vertiente caribeña, entró en operación en 2016 como la instalación hidroeléctrica más grande de Centroamérica. Su construcción duplicó el costo respecto a las estimaciones iniciales, de $697 millones a entre $1.400 y $1.500 millones a lo largo de seis años de construcción. Entre Reventazón y otros proyectos renovables, la capacidad eléctrica instalada de Costa Rica creció aproximadamente un 47 por ciento de 2008 a 2020, de unos 2.400 MW a más de 3.500 MW, todo sin El Diquís. La brecha energética que el proyecto debía llenar ya se había llenado. Mientras tanto, el país estaba virando hacia los servicios, la generación privada se expandía y el costo de la energía solar y eólica se desplomaba. El caso económico para una megarepresa en el Térraba se estaba disolviendo.

By 2018, ICE expected to close the year with losses of 22 percent. The $146 million already spent on Diquís studies, environmental assessments, and preliminary engineering was unrecoverable: money spent preparing for a dam that would never generate a kilowatt. Para 2018, el ICE esperaba cerrar el año con pérdidas del 22 por ciento. Los $146 millones ya gastados en estudios, evaluaciones ambientales e ingeniería preliminar del Diquís eran irrecuperables: dinero invertido en preparar una represa que nunca generaría un kilovatio.

On November 2, 2018, ICE Executive President Irene Cañas announced "immediate closure of all project activity." The official reasons: a decline in national energy consumption and sufficient installed electricity capacity. She requested SETENA to archive the environmental file. The EIA was never even submitted. The cancellation also "suspended the consultation with Indigenous Peoples," a consultation that, after a decade of legal battles, had never actually begun. El 2 de noviembre de 2018, la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, anunció el "cierre inmediato de toda actividad del proyecto." Las razones oficiales: una caída en el consumo nacional de energía y una capacidad eléctrica instalada suficiente. Solicitó a SETENA archivar el expediente ambiental. La evaluación de impacto ambiental nunca fue siquiera presentada. La cancelación también "suspendió la consulta con los Pueblos Indígenas," una consulta que, después de una década de batallas legales, nunca había comenzado realmente.

ICE framed the decision as economics. The economics had shifted in part because the legal challenges delayed the project long enough for the fundamentals to change. The Sala IV's 2011 conditional ruling bought five years. The 2016 annulment of Article 8 bought two more. Seven years of legal delay during which the global cost of utility-scale solar fell 77 percent, the Reventazón dam came online, and Costa Rica's energy demand flattened. Time, which the community's legal resistance purchased, became its own weapon. El ICE enmarcó la decisión como económica. La economía había cambiado en parte porque los recursos legales retrasaron el proyecto lo suficiente para que los fundamentos cambiaran. La sentencia condicional de la Sala IV en 2011 compró cinco años. La anulación del Artículo 8 en 2016 compró dos más. Siete años de retraso legal durante los cuales el costo global de la energía solar a escala de servicios públicos cayó un 77 por ciento, la represa Reventazón entró en operación y la demanda energética de Costa Rica se aplanó. El tiempo, que la resistencia legal de la comunidad compró, se convirtió en su propia arma.

Five Votes Cinco Votos

ICE had suspended the project, but the decree remained in force. Asdrúbal Rivera Villanueva filed the challenge that killed it. El ICE había suspendido el proyecto, pero el decreto seguía vigente. Asdrúbal Rivera Villanueva presentó el recurso que lo eliminó.

Rivera Villanueva held several roles in Térraba: cultural manager for the Ministry of Culture in the Southern Region, ethnotourism coordinator for ASODINT (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba), president of the Junta de Educación at the Térraba School, and member of the Council of Elders. He raised four constitutional grounds. First, forest irreducibility on indigenous land. Second, violation of reserva de ley: the Executive cannot bypass the legal protection of indigenous territories through decree. Third, that conveniencia nacional, a mechanism designed for private property under the Forestry Law, cannot apply to indigenous territories governed by a distinct legal regime under the Ley Indígena. Fourth, the failure to conduct the consultation required by ILO Convention 169 and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Rivera Villanueva ocupaba varios roles en Térraba: gestor cultural del Ministerio de Cultura en la Región Sur, coordinador de etnoturismo para ASODINT (Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba), presidente de la Junta de Educación de la Escuela de Térraba y miembro del Consejo de Mayores. Planteó cuatro fundamentos constitucionales. Primero, irreductibilidad del bosque en tierra indígena. Segundo, violación de la reserva de ley: el Ejecutivo no puede eludir la protección legal de los territorios indígenas mediante decreto. Tercero, que la conveniencia nacional, un mecanismo diseñado para propiedad privada bajo la Ley Forestal, no puede aplicarse a territorios indígenas gobernados por un régimen legal distinto bajo la Ley Indígena. Cuarto, la falta de consulta exigida por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

On January 19, 2022, the Sala IV declared the entirety of Decreto 34312 unconstitutional, five votes to two (Res. 01622-2022). The ruling was retroactive to the date of the decree. El 19 de enero de 2022, la Sala IV declaró la totalidad del Decreto 34312 inconstitucional, cinco votos contra dos (Res. 01622-2022). La sentencia fue retroactiva a la fecha del decreto.

The central finding: the government had used the Reglamento's definition of "conveniencia nacional," which lists electricity generation as an example, as if it were an automatic authorization. This bypassed the Ley Forestal's requirement to demonstrate through "appropriate instruments" that social benefits exceed socio-environmental costs. The Environment Minister's admission that no cost-benefit studies existed made the decree arbitrary. The court called this what it was: a legal shortcut that treated a checklist item as a blank check. El hallazgo central: el gobierno había utilizado la definición de "conveniencia nacional" del Reglamento, que enumera la generación eléctrica como ejemplo, como si fuera una autorización automática. Esto eludió el requisito de la Ley Forestal de demostrar mediante "instrumentos apropiados" que los beneficios sociales superan los costos socioambientales. La admisión de la ministra de Ambiente de que no existían estudios de costo-beneficio hacía arbitrario el decreto. La corte llamó a esto lo que era: un atajo legal que trató un ítem de una lista como un cheque en blanco.

The court defined indigenous communal property as "propiedad privada sui generis": neither public domain nor ordinary private property, a special form of private property protected by Article 45 of the Constitution, ILO Convention 169, and human rights treaties. "Territory" under Convention 169 covers "the totality of the habitat of the regions that interested peoples occupy or use in any other manner." The forest on indigenous land cannot be reclassified as state patrimony without conflicting with indigenous peoples' "holistic relationship with their territory, including forests and rivers." This was new constitutional ground: forest irreducibility applies with even greater force on indigenous land. La corte definió la propiedad comunal indígena como "propiedad privada sui generis": ni dominio público ni propiedad privada ordinaria, una forma especial de propiedad privada protegida por el Artículo 45 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y los tratados de derechos humanos. "Territorio" bajo el Convenio 169 comprende "la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera." El bosque en tierra indígena no puede ser reclasificado como patrimonio estatal sin entrar en conflicto con la "relación holística de los pueblos indígenas con su territorio, incluidos bosques y ríos." Este fue un terreno constitucional nuevo: la irreductibilidad del bosque se aplica con mayor fuerza aún en tierra indígena.

The majority explicitly reconsidered its earlier rulings (2008, 2009, 2010) that had upheld the decree, noting those decisions had not been presented with the Environment Minister's critical admission about missing studies. Rueda Leal, who drafted both earlier rulings constraining the project, now dissented from its complete annulment. His argument: since Article 8, the geographic authorization, was already void, the rest of the decree was moot. The court's own internal evolution mirrors the progressive constitutional demolition: each step was harder than the last. La mayoría reconsideró explícitamente sus sentencias anteriores (2008, 2009, 2010) que habían convalidado el decreto, señalando que esas decisiones no habían contado con la admisión crítica de la ministra de Ambiente sobre los estudios faltantes. Rueda Leal, quien redactó ambas sentencias anteriores que limitaban el proyecto, ahora disentía de su anulación completa. Su argumento: dado que el Artículo 8, la autorización geográfica, ya era nulo, el resto del decreto era inoperante. La propia evolución interna de la corte refleja la demolición constitucional progresiva: cada paso fue más difícil que el anterior.

Any future attempt would require a fresh decree with proper cost-benefit analysis, notice to affected parties under the administrative procedure law, indigenous consultation per the 2018 mechanism, and a new EIA process through SETENA. These principles extend far beyond one dam. Cualquier intento futuro requeriría un decreto nuevo con un análisis costo-beneficio adecuado, notificación a las partes afectadas conforme a la ley de procedimiento administrativo, consulta indígena según el mecanismo de 2018, y un nuevo proceso de evaluación de impacto ambiental ante SETENA. Estos principios van mucho más allá de una sola represa.

Jehry Rivera Jehry Rivera

Jehry Rivera, the Broran land defender who had challenged ICE's employment promises, was killed on the night of February 24, 2020 in Térraba territory. Between 150 and 200 non-indigenous settlers had organized a mob over several days of indigenous land recovery actions. Armed with machetes, sticks, and at least one firearm, they surrounded the community. During the confrontation, Rivera was shot. Forensic testimony at trial documented two entry wounds from behind, with trajectories running top to bottom and back to front. Jehry Rivera, el defensor broran de la tierra que había cuestionado las promesas de empleo del ICE, fue asesinado la noche del 24 de febrero de 2020 en territorio térraba. Entre 150 y 200 colonos no indígenas habían organizado una turba durante varios días de acciones de recuperación de tierras indígenas. Armados con machetes, palos y al menos un arma de fuego, rodearon la comunidad. Durante el enfrentamiento, Rivera fue baleado. El testimonio forense en el juicio documentó dos heridas de entrada por la espalda, con trayectorias de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante.

Rivera was a named beneficiary of IACHR precautionary measures (MC-321-12, granted April 30, 2015) requiring Costa Rica to protect indigenous land defenders in the region. It took until 2017 for the Ministry of Justice to draft a protocol for implementing them. By 2018, the protocol remained unimplemented. When the IACHR sent a delegation to Costa Rica in May 2019, the commissioners witnessed a Buenos Aires court delivering an eviction order against Broran families on recovered land, evicting the very people the measures were supposed to protect. Rivera era beneficiario nominado de medidas cautelares de la CIDH (MC-321-12, otorgadas el 30 de abril de 2015) que requerían a Costa Rica proteger a los defensores indígenas de la tierra en la región. Tomó hasta 2017 para que el Ministerio de Justicia redactara un protocolo para implementarlas. Para 2018, el protocolo seguía sin implementarse. Cuando la CIDH envió una delegación a Costa Rica en mayo de 2019, los comisionados presenciaron a un tribunal de Buenos Aires emitiendo una orden de desalojo contra familias broran en tierras recuperadas, desalojando a las mismas personas que las medidas debían proteger.

Juan Eduardo Varela Rojas, a farmer, surrendered to police the night he killed Rivera and told the regional commander: "yo lo maté, le quité la vida" (I killed him, I took his life). He never disputed the killing. His defense was that Rivera had been attacking his brother with a machete and that he fired to protect him. In February 2023, the Tribunal de Pérez Zeledón convicted him and sentenced him to twenty-two years. The appeals court annulled the conviction five months later, finding the trial had relied too heavily on a single witness whose testimony contained inconsistencies and had failed to analyze critical forensic evidence. Juan Eduardo Varela Rojas, un agricultor, se entregó a la policía la noche que mató a Rivera y le dijo al comandante regional: "yo lo maté, le quité la vida." Nunca negó haberlo matado. Su defensa fue que Rivera estaba atacando a su hermano con un machete y que él disparó para protegerlo. En febrero de 2023, el Tribunal de Pérez Zeledón lo condenó y sentenció a veintidós años. El tribunal de apelación anuló la condena cinco meses después, al encontrar que el juicio se había basado excesivamente en una sola testigo cuyo testimonio contenía inconsistencias y había omitido analizar evidencia forense crítica.

At the retrial in September 2024, the forensic doctor who performed the autopsy acknowledged that the wound trajectories could theoretically result if the victim had crouched while facing his attacker. Witness accounts contradicted each other and diverged from the ballistic evidence. The court identified "aspectos oscuros" that prevented certainty and criticized the OIJ (Organismo de Investigación Judicial) and prosecutors for a deficient investigation that left gaps in the evidentiary record. Varela was acquitted under the principle of in dubio pro reo (when doubt remains, it resolves in favor of the accused). He received two years for illegal firearm possession, conditionally suspended. The appellate tribunal upheld the acquittal in January 2025. En el nuevo juicio en septiembre de 2024, el médico forense que realizó la autopsia reconoció que las trayectorias de las heridas podrían teóricamente resultar si la víctima se hubiera agachado mientras enfrentaba a su agresor. Los testimonios de los testigos se contradecían entre sí y divergían de la evidencia balística. El tribunal identificó "aspectos oscuros" que impedían la certeza y criticó al OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y a los fiscales por una investigación deficiente que dejó vacíos en el expediente probatorio. Varela fue absuelto bajo el principio de in dubio pro reo (cuando persiste la duda, se resuelve a favor del acusado). Recibió dos años por posesión ilegal de arma de fuego, con ejecución condicional. El tribunal de apelación confirmó la absolución en enero de 2025.

Between his first conviction and the retrial, Varela had appeared at a government-organized school event in Buenos Aires in August 2022 and stated: "Yo fui el que lo maté. Yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté" (I was the one who killed him. I want you all to understand why I killed him). The audience applauded five times. More than 900 organizations and individuals later signed a public censure of the retrial judges. The UN office in Costa Rica warned that the outcome maintains impunity and risks escalating violence against indigenous peoples. Entre su primera condena y el nuevo juicio, Varela había aparecido en un evento escolar oficial organizado por el gobierno en Buenos Aires en agosto de 2022 y declaró: "Yo fui el que lo maté. Yo quiero que ustedes se den cuenta por qué lo maté." La audiencia lo aplaudió cinco veces. Más de 900 organizaciones e individuos firmaron posteriormente un voto de censura contra los jueces del nuevo juicio. La oficina de la ONU en Costa Rica advirtió que el resultado mantiene la impunidad y arriesga escalar la violencia contra los pueblos indígenas.

What Remains Lo que queda

When Chaves floated the revival, it died within days. ICE had already pivoted: 412 MW of new solar, wind, and biomass capacity for $539 million, 63 percent of the Diquís capacity at a ninth of the price. Yet the agency still lists the project as a "candidate" in its expansion plan, at $4.97 billion. Cuando Chaves planteó el resurgimiento, la idea murió en días. El ICE ya había cambiado de rumbo: 412 MW de nueva capacidad solar, eólica y de biomasa por $539 millones, el 63 por ciento de la capacidad del Diquís a una novena parte del precio. Sin embargo, la agencia todavía lista el proyecto como "candidato" en su plan de expansión, a $4.970 millones.

The Térraba-Sierpe wetland faces documented agrochemical contamination from upstream pineapple plantations: a 2025 study (Castro-Vargas et al.) identified 16 chemical compounds in the wetland's waters 80 kilometers downstream, with 71 percent traced to pineapple farming. And 88 percent of Térraba territory remains occupied by non-indigenous outsiders. El humedal Térraba-Sierpe enfrenta contaminación agroquímica documentada proveniente de plantaciones de piña río arriba: un estudio de 2025 (Castro-Vargas et al.) identificó 16 compuestos químicos en las aguas del humedal a 80 kilómetros de distancia, con el 71 por ciento atribuido al cultivo de piña. Y el 88 por ciento del territorio térraba sigue ocupado por personas no indígenas.

The case was won by convergent action: a citizen demanding transparency, an indigenous governance body asserting its rights, an environmental lawyer exploiting a lapsed deadline, a cultural manager asking the court to finish what it started. No single organization orchestrated the campaign. The legal framework, properly used by persistent people, did the work. El caso se ganó por acción convergente: un ciudadano exigiendo transparencia, un órgano de gobernanza indígena haciendo valer sus derechos, un abogado ambientalista explotando un plazo vencido, un gestor cultural pidiendo a la corte que terminara lo que había comenzado. Ninguna organización orquestó la campaña. El marco legal, correctamente utilizado por personas persistentes, hizo el trabajo.

The constitutional framework that killed the dam worked because persistent individuals forced it to. The human rights framework that was supposed to protect those individuals did not: a named beneficiary of IACHR precautionary measures was killed, and his case has not produced a lasting conviction. El marco constitucional que eliminó la represa funcionó porque personas persistentes lo obligaron a hacerlo. El marco de derechos humanos que debía proteger a esas personas no funcionó: un beneficiario nominado de medidas cautelares de la CIDH fue asesinado, y su caso no ha producido una condena firme.